Asesinos en la calle, inocentes entre rejas

¿Puede desistirse de localizar a un testigo clave -y, además, protegido- en el juicio contra un terrorista de los GRAPO porque su centro de trabajo está cerrado por vacaciones? ¿Y puede un juzgado 'olvidarse' de liberar a un inocente durante más de un año?

Por increíble que parezca, la respuesta es 'sí'. Marcos Martín Ponce, un 'grapo' acusado de asesinato y condenado por la Audiencia Nacional, está en la calle porque el Tribunal Supremo considera que se vulneró su presunción de inocencia. Resulta que la Policía Judicial no pudo localizar a la testigo que había identificado a Martín Ponce porque el centro donde aquella trabajaba estaba cerrado por vacaciones. Después, como el fiscal y la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional "abdicaron de cualquier gestión encaminada a garantizar la presencia" de esta testigo en el juicio, no se pudo someter a contradicción su reconocimiento fotográfico, lo que supone una vulneración de la presunción de inocencia del acusado.

Mientras un asesino campa a sus anchas por la calle, un inocente, José Campoy, se ha pasado más de un año entre rejas porque a la jueza encargada de su caso se le olvidó liberarle después de haber sido absuelto. Dice Adelina Entrena, otrora titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada) que la culpa la tienen el funcionario judicial que se encargó de los antecedentes de la sentencia y la secretaria del juzgado, porque no la avisaron del estado del preso después de reincorporarse a su puesto tras una baja laboral.

Más allá de los balones que se echen fuera, la situación crea alarma social y es preciso buscar responsabilidades. En la desidia de los responsables o en la ineficacia del propio sistema.