Cuando de minas se trata

La minería a gran escala es la “manzana de la discordia” entre el presidente Correa, algunos de sus coidearios tanto dentro como fuera de la Asamblea Constituyente, y no pocas organizaciones ecologistas y activistas, que le dieron su voto entusiasta. El mandatario ha dicho que el país podría convertirse, por ejemplo, en el primer productor mundial de cobre.

Además del cobre, se habla de grandes reservas de oro, plata y molibdeno. Según las proyecciones del sector minero, los ingresos para el Estado estarían garantizados por las cuatro mil nuevas concesiones en la actividad de mediana y gran escala.

La dependencia económica del petróleo pasaría a ser un capítulo más del pasado en la historia ecuatoriana. Por tanto, una nueva Ley de Minería es de capital importancia para el país en su conjunto.

El Presidente plantea una explotación sustentable de las reservas a cargo de una corporación estatal mineral.
 
En su lógica, que sea una empresa pública conjura cualquier posibilidad de daño ambiental. Pero, ¿para ello tiene que ser necesariamente una empresa pública? Desgraciadamente hay antecedentes en la explotación petrolera que no siempre avalan esa tesis.

El mandato que se espera y que se necesita que salga de Montecristi, tal vez no les garantice al partido oficialista y a su líder los votos de los sectores que podrían verse afectados. Sin embargo, una minería social y ecológicamente responsable sería aconsejable para el Ecuador de hoy y de mañana... no hay otra vía.

Lo que tendrá un importante costo político, que debería asumirse de una vez por todas. Si es que de verdad se cree en el futuro.