Un sector del CGPJ no ve tan mal la situación de la Justicia

Según Javier Martínez Lázaro, que no olvida el Informe que acaba de emitir el Servicio de Inspección del Consejo en relación a la situación que presentan los Juzgados Penales de Ejecutorias de España y la alarma creada por el mismo, no es para tanto. Así, el vocal considera necesario que por esa Comisión Permanente se tengan en cuenta varias observaciones.

Por ejemplo, que es preciso aclarar que aunque la prensa se refiere a unas 400.000 sentencias pendientes de ejecución, dicho dato no es exacto: porque la expresión “pendientes de ejecución” no quiere decir que la sentencia no se esté ejecutando sino que la ejecución se encuentra en trámite, lo que implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo porque la ejecución permanece abierta en numerosas ocasiones hasta que la pena se cumple totalmente y se ejecuta la responsabilidad civil.

Martínez Lázaro añade que en el año 2006 los tribunales penales dictaron 622.000 sentencias. De éstas dieron lugar a procedimientos de ejecución 343.431. "Los tribunales españoles que ejecutan sentencias resolvieron 414.957, es decir, 71.526 más de las que se registraron, y quedaron en trámite 417.420" .

En el año 2007 se registraron 348.597 sentencias penales y se resolvieron 425.850 quedando en trámite de ejecución 403.591. Es decir se ejecutaron 77.253 sentencias más de las que se registraron. "Por lo tanto en los dos últimos años", siempre según este vocal, "los jueces han resuelto muchas más sentencias ejecutorias de las que se ingresan y han descendido las ejecutorias en trámite cuyo número debe ponerse en relación con las sentencias dictadas".

También señala que el Informe pone de manifiesto algo "de lo que somos plenamente conscientes". Como la necesidad de ampliar las plantillas y mejorar los procedimientos de gestión lo que no se logrará hasta que se produzca el completo desarrollo de la Oficina Judicial.

Planes de refuerzo

Recuerda también este vocal que el CGPJ y el Ministerio de Justicia establecieron, desde el año 2.005 distintos planes de refuerzo en los juzgados que tramitan ejecutorias penales, planes que han dado "en la mayoría de los casos un buen resultado pues en gran parte de estos juzgados", debido al trabajo de los jueces titulares y los refuerzos de apoyo se han conseguido elevados niveles de productividad y por esta razón se han resuelto anualmente más asuntos de los ingresados.

Agrega que lamentablemente no en todos los casos ha sido así, "pues mientras que la mayor parte de los juzgados ha superado ampliamente el módulo de trabajo, una minoría no lo ha alcanzado".

Por último en su carta, hace un repaso a algunos juzgados que no han alcanzado ese mínimo de trabajo. Y destaca particularmente el Juzgado de Ejecuciones nº 2 de Madrid del que es titular el juez Eduardo López Palop - que fue el que en una entrevista en 'El País' destapó la situación-.

Y concluye  que "según se desprende del Informe de la Inspección, este juzgado, pese a contar con los planes de refuerzo que solicitó, en el año 2.005 sólo resolvió el 73% de su módulo mínimo, en el año 2.006 el 91,14% y en el año 2.007 el 81%. Estos datos son particularmente graves si se considera que dicho juzgado es el que menos ingreso".