El ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, denunció hoy que durante la incursión militar colombiana a territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo, Colombia pudo haber recibido ayuda de una fuerza de otra nación.
La presunción se desprende de investigaciones militares ecuatorianas en las que, según Ponce, habría pruebas de que Colombia tuvo ayuda de otro país.
Por su parte, la canciller María Isabel Salvador señaló que esto "complica los procesos de restablecimiento de las relaciones con el Gobierno de Álvaro Uribe".
Quito rompió sus relaciones diplomáticas con Bogotá a raíz de la operación militar colombiana contra un campamento de la guerrilla de las FARC en suelo ecuatoriano
"El Gobierno ecuatoriano exige del Gobierno de (Álvaro) Uribe sin más dilaciones entregue los videos instalados en los aviones" que sobrepasaron la línea divisoria, declaró Ponce a la prensa en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
Para el titular de Defensa, "estos videos registran los datos del bombardeo en Angostura".
"Esta exigencia la hemos realizado por varias ocasiones y oficialmente en cuatro ocasiones a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, el Gobierno colombiano ha guardado silencio", explicó.
Al referirse al bombardeo que, según Quito, se registró el 1 de marzo por parte de los militares colombianos, Ponce exigió a Bogotá que demuestre que la flota de aviones Súper Tucano supuestamente sufrió las modificaciones necesarias para transportar y operar las bombas utilizadas con vía GPS.
"Los aviones supersónicos de la Fuerza Aérea Colombiana no están en capacidad de emplear bombas guiadas con sistema GPS, ya que las mismas necesitan una integración electrónica entre la computadora digital integral del avión y la bomba, lo cual requiere un trabajo de más de ocho meses en naves más avanzadas", sostuvo.
Ponce señaló que mientras no se den las respectivas explicaciones "existirán las sospechas de que el Gobierno de Álvaro Uribe no participó solo en el ataque del 1 de marzo".
A juicio del ministro de Defensa, es "obligación" de la administración de Uribe frente a la comunidad internacional "despejar con absoluta claridad este hecho, más aún cuando el Gobierno norteamericano fue el primero en felicitarse por la violación" a la soberanía territorial de su país.
En el ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano murieron 26 personas, entre ellas el portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "Raúl Reyes", un ecuatoriano investigado por vínculos con esa guerrilla, así como cuatro estudiantes mexicanos.
La denuncia de Ponce se da la misma semana en que el Gobierno de Ecuador dijo presumir que pudo haber al menos cuatro "ejecuciones sumarias" en el ataque del pasado 1 de marzo.
Salvador indicó el pasado martes que la presunción se deduce de los datos preliminares de un informe forense, elaborado por expertos ecuatorianos y franceses, sobre los cuerpos de los fallecidos en esa operación militar colombiana.
Justamente, la autopsia practicada en Ecuador al cuerpo del ecuatoriano Franklin Aisalla por los expertos nacionales y franceses determinó que su muerte se debió a golpes contundentes en la cabeza y no a la onda expansiva del bombardeo ni a disparos de fusil, extremo negado por Bogotá.
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