Michael Cunningham, Javier Cercas, Milán Kundera o Yasunari Kawabata son escritores reconocidos en todo el mundo, pero para que sus obras lleguen a las librerías venezolanas deben probar que sus contenidos son útiles ante un juez que nada tiene que ver con la industria editorial: el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco).
Desde principios de año, los importadores de libros que soliciten divisas a Cadivi deben consignar ante el Milco una lista de las obras que quieren adquirir. En el documento deben detallar el nombre del autor, el título del libro, un resumen de su contenido y una breve exposición en la cual justifiquen la importancia que el texto en cuestión tiene para el país.
Los importadores también deben informar al Milco cuántos ejemplares desean traer. Una vez recabada toda esta información, este despacho tiene la potestad de otorgar un Certificado de No Producción Nacional, que es un documento indispensable para solicitar divisas ante Cadivi, toda vez que el libro pasó a ser considerado un "rubro no prioritario".
Un importador, quien prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que "es muy difícil obtener ese certificado; los trámites son engorrosos y como acá hay una industria nacional que se quiere proteger hay mucha subjetividad".
El comerciante explicó que tanto el Milco como Cadivi cometen un error cuando aplican a la importación de bienes culturales los mismos criterios contemplados para los alimentos o los electrodomésticos. "Por supuesto que acá se producen libros y tenemos importantes autores nacionales, pero eso no quiere decir que los venezolanos deban privarse de obras internacionales".
La expedición de los Certificados de No Producción Nacional también podría derivar en un mecanismo de censura. Editores y libreros temen que el Milco beneficie a algunas obras en detrimentos de otras, por razones políticas o ideológicas. "Me imagino que si alguna empresa editorial quiere importar un libro titulado 25 maneras de salir de Hugo Chávez tendrá que buscar los dólares en otro lado. La solución es comenzar a imprimir aquí, pero lamentablemente el papel también es importado".
Los intelectuales vinculados al sector editorial están comenzando a enviar señales de alerta. "El PEN de Venezuela está atento ante las medidas adoptadas", dijo la presidenta de esta asociación, Edda Armas.
De momento, las importadoras recurren al mercado paralelo para adquirir novedades internacionales cuyos precios oscilan entre los 80 y los 200 bolívares fuertes, es decir, los lectores deben pagar hasta el triple del valor de las obras de esos escritores que no pudieron probar que son importantes para la sociedad venezolana.
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