Parece una irónica burla el que, cuando no se lo hizo mientras se encontraban en el país, se abra el último martes instrucción fiscal contra la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Torres, cuando se hallan fuera del Ecuador, tras haber recibido asilo por parte del Gobierno de Nicargua, las tres sobrevivientes del ataque militar colombiano al campamento clandestino de los FARC en territorio ecuatoriano.
Por supuesto, debían recibir la atención médica que recibieron las tres mujeres. Sin embargo, el Ministerio Público debió iniciar a tiempo la indagación fiscal. La presencia de las tres personas en el campamento guerrillero implicaba la presunción de diversos delitos penados por las leyes ecuatorianas, como contra la seguridad del Estado y por supuesta participación en el grupo guerrillero que violaba territorio nacional, y sobre el que pesan delitos de lesa humanidad, que ha secuestrado y mantiene a centenares de civiles en su poder -entre los que se cuentan también ciudadanos ecuatorianos-, y que ha asesinado también a policías y militares ecuatorianos, como a los 13 a quienes acribilló en una emboscada en Peña Colorada, en Sucumbíos, en diciembre de 1993.
Las tres sobrevivientes no eran perseguidas políticas, el Estado ecuatoriano garantizaba el respeto a sus derechos.
En estas circunstancias, es condenable que se haya permitido la salida sin que se las sujetara a la investigación judicial dentro de los más de dos meses en los que permanecieron el país.
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