Con la admisión de estos recursos de inconstitucionalidad, ya son siete los que el alto tribunal tramita contra la reforma estatutaria catalana. El 28 de septiembre admitió el recurso presentado por el Partido Popular, el 11 de octubre hizo lo mismo con el del Defensor del Pueblo y el 26 de octubre admitió los de las comunidades autónomas de Murcia y La Rioja.
En sus resoluciones, el Constitucional acuerda dar traslado de la admisión a trámite de estos recursos al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno central, la Generalitat y el Parlamento de Cataluña, para que puedan personarse y formular las alegaciones al respecto que estimen convenientes.
Los recursos de estas tres comunidades autónomas coinciden en considerar inconstitucional la Disposición Adicional Decimotercera del Estatut sobre el Archivo de la Corona de Aragón, que prevé la integración en el sistema de archivos de Cataluña de los "fondos propios" de esta comunidad que existen en el archivo aragonés.
Los recurrentes entienden que el Estatut viola la Constitución Española, que protege el patrimonio histórico en los archivos documentales, a la vez que invade competencias contempladas en los estatutos de autonomía de estas comunidades.
En el caso del Gobierno valenciano, el recurso se dirige también contra los preceptos del Estatut sobre la competencia de Cataluña en materia de recursos hidráulicos y contra todos los referentes al sistema de financiación.
La Generalitat entiende que el artículo 117.4 del Estatuto de Autonomía de Catalunya infringe la Constitución Española en cuanto a que "reserva la competencia exclusiva del Estado la legislación de recursos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma".
Este recurso también se dirige contra los preceptos del Estatut relativos al sistema de financiación catalana porque, entre otros motivos, consideran que "vulnera el principio de solidaridad" entre comunidades e "impone unilateralmente" a otras autonomías "condiciones para que se pueda hacer efectiva la aplicación de los mecanismos de nivelación y solidaridad, exigiéndoles un determinado esfuerzo fiscal".
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