De locos

La morosidad, sobre todo de las empresas, aumenta significativamente y el endeudamiento de las familias sigue creciendo. Son dos datos que se han conocido en las últimas horas y que agravan el problema ya puesto de manifiesto por organismos internacionales y nacionales en varias ocasiones en los últimos años. La deuda de las familias equivale ya al 84,5 por ciento del PIB y roza los 800.000 millones de euros. Sin embargo, el crecimiento de la riqueza aumenta a un ritmo cuatro veces inferior al que experimenta la deuda. Podemos seguir, como hace el vicepresidente económico, mirando para otro lado.

   Pero es obvio que la política del avestruz tan utilizada por el actual gobierno asomará la mochita en algún momento y entonces habrá que actuar tarde y se hará mal. Las últimas encuestas de perspectivas y de sentimientos de los consumidores dicen que este gira hacia el pesimismo. No es que vayamos a hacer catástrofe, pero sí sería conveniente poner blanco sobre negro las enfermedades que padece la economía española y que hay que atajar. Hace unos días, el comisario para Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, le dejaba claro a este gobierno que España no está haciendo algunos deberes y que en materia de productividad y competitividad estamos en el furgón de cola.

   Y más que lo vamos a estar si como está ocurriendo en el País Vasco y en Cataluña acaban imponiéndose medidas intervencionistas, absurdas, anticonstitucionales y muchas cosas más, como la de cobrar 9 euros diarios a los propietarios de los pisos vacíos o directamente expropiarselos con la peregrina idea de aumentar el parque de viviendas de alquiler.

   Lo que básicamente se va a conseguir es que España sea el reino de la inseguridad jurídica, donde las garantías están en entredicho. Un país, por tanto, al que los inversores se pensarán muy mucho venir a establecerse, si no consiguen -y ya hay casos- que se vayan los que ya están. Es lo que tiene jugar con el derecho a la propiedad privada, creer que el movimiento okupa es una forma de vida o que con el Gobierno detrás se puede hacer uno con una empresa pagando duros a pesetas y cometiendo todo tipo de faltas.