Los culpables son los otros

Entre barrer la mugre debajo de la alfombra y mirar hacia el lado buscando responsables, la sociedad chilena dibuja una imagen poco alentadora. Y ese perfil destaca cuando ocurren casos de connotación pública. O, sin serlo, los medios -el poder- deciden transformarlos en tales.

En estos días ha habido varios episodios. El 26 de mayo, la jueza del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Cecilia Pastene, resolvió impedir que se diera a conocer el nombre del abogado Pedro Toledo, encausado por estafar .080 millones a un cliente octogenario. Cuatro días más tarde, su colega del 4° Juzgado de Garantía, Jorge Norambuena,  ordenó a los periodistas abandonar la sala cuando se iniciaba el juicio contra José Luis Escobar. Junto a dos cómplices, Escobar está acusado de robo con violación. El argumento del juez fue que “los medios hacen un show que puede afectar la imparcialidad del tribunal”.

Ambos casos afectan a la libertad de información. Con el agravante que en el primero, la jueza podría haber actuado con espíritu gremial, protegiendo a su colega Toledo. Ante tal atentado, el Colegio de Periodistas reaccionó como entidad gremial y denunció la situación. Incluso, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales llegó a sostener que la actitud de la jueza Pastene “hace retroceder la fe pública en el Poder Judicial”. Cabe señalar que el Poder Judicial es una de las instituciones peor evaluadas por los chilenos.

Estas dos resoluciones judiciales y las reacciones que provocaron muestran algo más que un atropello a derechos fundamentales. Dan pistas acerca de la manera en que nos comportamos los chilenos. De cómo la sociedad se acomoda a nuevas demandas adecuando a ellas formas inveteradas.

La reacción de la jueza Pastene muestra claramente su falta de respeto por un derecho humano esencial. Pero, además, exhibe una actitud que no es habitual en los juzgados del país: preocuparse por la honra de las personas, especialmente si éstas carecen de medios económicos. La actitud del juez Norambuena, en cambio, pone de manifiesto una realidad que es difícil de desmentir: los medios de comunicación hacen show. Ese es su negocio, manipular el morbo. Pero la razón que asiste a Norambuena no le permite invalidar un derecho fundamental que la Constitución chilena dice respetar expresamente.

Y aquí entramos a otro terreno. Uno más nacional. El de mirar hacia el lado buscando culpables. El de hacer defensas corporativas, aunque la realidad nos muestre falencias poniendo por sobre el interés general la conveniencia del grupo. Eso no es defensa gremial, se asemeja más a mafia pura y simple.

Cómo me gustaría ver la presta reacción del Colegio de Periodistas cuando se afecta a la honra de personas que, sin ser juzgadas, son condenadas por los medios. Con exhibiciones desmesuradas, con sobre exposiciones que la afectan a ella y a su entorno sin ningún miramiento, porque los negocios son los negocios. Y después, cuando resultan inocentes, no hay ni siquiera una explicación, un mea culpa.

Sería interesante también poder contar con la sólida reacción de Centros de Derechos Humanos preocupados por la honra de personajes desconocidos -o conocidos- que son crucificados sin miramientos en esta ruleta mediática.

Está bien que defendamos cualquier derecho avasallado. Es lo que corresponde en una sociedad democrática. Pero cualquiera, no sólo los que importan a nuestro gremio. O los que dan dividendos mediáticos solamente.

Los chilenos estamos acostumbrados a mirar hacia los otros buscando culpables. Si la cuestionada es la educación por la baja calidad de los maestros, el Colegio de Profesores reacciona indignado y culpa a las políticas públicas. Si la Justicia es puesta en entredicho, la Corte Suprema reacciona con majestad y descalifica a sus detractores, como si su función fuera incuestionable, pese a lo que piensan los chilenos. Y busca respuestas en la falta de recursos económicos, en políticas inadecuadas provenientes del Ejecutivo o en la deficiente elaboración de las leyes en el Parlamento.

Si alguien osa criticar a la Cámara de Diputados o al Senado, la defensa corporativa será feroz. Sí, feroz. Y por más que se quiera transparentar las acciones de los honorables, siempre existirá algún resquicio por el que se escaparán las respuestas concretas. Si la crítica apunta a la deficiente labor legislativa, la responsabilidad recaerá en un sistema que los obliga a tener el don de la ubicuidad para estar en sus zonas y en el Parlamento casi al mismo tiempo. Aunque eso sea una falsedad. Y cuando se detectan delitos flagrantes como utilizar de manera incorrecta recursos públicos, no hay castigo, basta con devolver lo utilizado. El responsable, un error administrativo.

Y, así, la lista puede seguir para alcanzar a las iglesias de diversa denominación o a la Masonería. Siempre, la culpa la tiene el otro.

De este modo, es difícil tener confianza en las instituciones y en nosotros mismos como país.

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Wilson Tapia Villalobos
Periodista