El gobierno impedirá la entrada de transportistas a Madrid

El Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ha tomado esta decisión después de que los integrantes de la Plataforma para la Defensa del Transporte anunciaran a primera hora de la tarde que tenían la intención de conducir sus camiones desde 42 provincias españolas en dirección a Madrid, para concentrarse "el tiempo que haga falta" hasta que el Gobierno les "escuche".

Por ello, Interior ha decidido organizar un dispositivo policial especial, y ha reorganizado a parte de los 25.100 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que desde principios de semana fueron desplegados para garantizar la circulación en las carreteras españolas.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya advirtió el pasado miércoles que el Gobierno empleará "máxima firmeza" contra quienes "perjudiquen la vida de los ciudadanos" por el paro de transportes que sigue parte del sector.

Los 25.100 agentes de las Fuerzas de Seguridad que el Ministerio ha destinado a este cometido "tienen la instrucción de actuar con la máxima firmeza dentro de la ley", dijo Rubalcaba.

Reunión con el Gobierno

El presidente de la Plataforma para la Defensa del Transporte,  Manuel Núñez, advirtió de que tienen intención de permanecer en Madrid "hasta alcanzar los acuerdos principales" con el Ministerio de Fomento, que pasan por conseguir unas tarifas mínimas de obligado cumplimiento y asegurar que el precio del gasoil no suba en seis meses.

Además, el portavoz de esta plataforma --que representa a unos 100.000 transportistas autónomos de 42 provincias españolas--, Antonio Llanos, avanzó que no descartan que si este lunes "tampoco" son recibidos por el Gobierno, se llevarán a cabo "actos asimétricos" por todo el país.

CETM pide ayuda a Interior

Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) aseguró que sus empresas asociadas tienen la intención de "prestar sus servicios con normalidad", después del acuerdo firmado el pasado miércoles con los cargadores y el Gobierno.

Esta organización, que agrupa a más de 35.000 empresas con más de 135.000 vehículos que emplean a 224.000 profesionales, dice comprender la legitimidad de aquellas empresas que no quieran trabajar, pero condena "con toda firmeza" las amenazas y coacciones, así como las agresiones a conductores, rotura de lunas, pinchazo de ruedas o incendio de camiones.

Por ello, la CETM pidió en un comunicado al Ministerio de Interior que refuerce el dispositivo especial puesto en marcha el pasado miércoles "para que, actuando con toda la contundencia necesaria, se garantice el derecho al trabajo de aquellos transportistas que no secundan el paro y la seguridad de conductores y vehículos".