Alcorcón pide a la Comunidad la aplicación inmediata de la Ley de Dependencia

“No ha habido celeridad en la implantación de la Ley de Dependencia”, denunció el primer edil, quien consideró necesario informar de “un derecho exigible ante los tribunales” y una ley que supone el “cuarto pilar del Estado de bienestar”, tras la educación, la sanidad y las pensiones.

Así lo manifestó el primer edil en una jornada celebrada para informar a los ciudadanos de las prestaciones de la Ley de Dependencia y explicar los servicios que ofrece el Ayuntamiento a los dos grandes colectivos beneficiarios de esa ley: mayores y personas con discapacidad. En Alcorcón se estima que para el año 2010 el número de personas con problemas de autonomía o dependientes será de 3.000.

“Se requiere un gran pacto entre el Ayuntamiento de Alcorcón y la Comunidad de Madrid para ofrecer unos buenos servicios. Entre las administraciones locales tenemos medios para poder dar un buen servicio a nuestros ciudadanos”, afirmó Cascallana.

El alcalde reprochó al Gobierno regional los obstáculos para la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid. A pesar de que la ley entró en vigor en enero de 2007, hasta el pasado 13 de junio el Gobierno regional no aprobó la orden reguladora que permite que los ciudadanos de Madrid conozcan el procedimiento de acceso a los servicios y a las prestaciones económicas.

La concejala de Servicios Sociales, Marina Fernández, lamentó que “los servicios municipales siguen siendo la única opción que tienen las personas dependientes para tener unos básicos de vida”. Alcorcón, añadió la concejala, “no ha recibido ni un euro procedente de la Comunidad de Madrid en aplicación de la Ley de Dependencia”. Fernández indicó que el presupuesto para 2008 en servicios sociales es de 13´7 millones de euros, de los que la Comunidad de Madrid ha aportado únicamente el 38 por ciento.

La cartera de servicios sociales gestionada en su mayor parte por fondos municipales incluye: 1.135 usuarios de telasistencia; 1.161 usuarios de ayuda a domicilio; 20 plazas de centro de día para mayores; 133 plazas de centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual; 30 plazas de centro de día para personas con discapacidad gravemente afectadas; dos pisos tutelados para personas con discapacidad intelectual; transporte adaptado; comida a domicilio; ayudas para la adaptación de las viviendas, etc.