La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy el proyecto de ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) que da protecciones a firmas de telecomunicaciones que cooperaron con el gobierno federal.
Aprobada por 293 votos a favor y 129 en contra, la propuesta protege a esas empresas de demandas por su presunta participación en un programa de espionaje doméstico sin autorización judicial impulsado la administración del presidente George W. Bush.
El acuerdo entre la Cámara baja y el Senado, que se espera que lo apruebe próximamente, pone a fin a enfrentamientos con los republicanos sobre las políticas de Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Bush destacó este viernes que la nueva legislación "permitirá a los profesionales de inteligencia monitorear rápida y efectivamente los planes de los terroristas en el exterior, mientras se protege las libertades de los estadunidenses en casa".
Señaló que el director de Inteligencia, Michael McConnell, y el procurador general Michael Mukasey "me dicen que es un buen proyecto de ley" que protege a las compañías frente a demandas por "pasada o futura cooperación con el gobierno".
La nueva ley permite la vigilancia de llamadas telefónicas y correos electrónicos que entran y salen de Estados Unidos y permite que jueces revisen las peticiones del gobierno sobre autorizaciones más amplias de estadunidenses en el extranjero.
Asimismo, permite que una corte federal revise las demandas contra las compañías de telecomunicaciones, las cuales puede desestimar si esas empresas prueban que el gobierno hizo una petición para impedir un ataque terrorista.
La legislación requiere reportes en el plazo de un año de los inspectores generales del Departamento de Justicia, Defensa y entidades de inteligencia sobre el programa de espionaje doméstico.
El líder de la mayoría demócrata en la Cámara baja, Steny Hoyer, dijo que el proyecto de ley "no excusa ninguna acción del gobierno o funcionario" sobre el programa de espionaje doméstico de Bush.
La nueva legislación "ordena, por primera vez, un robusto rendimiento de cuentas de los inspectores generales" sobre el programa, que el Congreso debe recibir y tomar acción al respecto, recalcó.
"El proyecto de ley no es perfecto, es un compromiso", enfatizó.
Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expresó su "indignación" por la "inconstitucional" legislación que permite inmunidad a esas empresas "por su función en el espionaje doméstico".
Caroline Fredrickson, directora de la oficina en Washington de la ACLU, señaló que la legislación "permite la vigilancia masiva, amplia y sin autorización judicial de todas las comunicaciones que salen o entran de Estados Unidos".
Agregó que a dos años de que el diario The New York Times reveló el programa de espionaje doméstico de Bush, la consternación expresada en esa oportunidad por el Congreso se ha disipado ahora.
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