El Defensor del Pueblo estudia la demolición de una ermita de Leganés
martes 01 de julio de 2008, 18:04h
Actualizado: 02 de julio de 2008, 12:14h
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha remitido una carta a la asociación 'Ciudadanos por el cambio' en la que anuncia que su oficina "ha iniciado estudio" sobre la demolición de la histórica ermita de la Finca de La Mora, que data del año 1.528, en Leganés, donde, según la asociación recurrente, el Gobierno municipal (PSOE e IU) tendría responsabilidad por no haber evitado la demolición.
La asociación recurrió al Defensor ante la demolición de la ermita, la bodega y otros elementos arquitectónicos del siglo XVI y la construcción de un nuevo inmueble en la zona por parte del propietario de la finca, quien sólo disponía de licencia para rehabilitar el complejo histórico, según los informes de Urbanismo.
Los responsables de 'Ciudadanos por el cambio' consideran en el recurso remitido al Defensor del Pueblo que "el Ayuntamiento y la Concejalía de Urbanismo eran conocedores de este hecho" y que, en sentido, no adoptaron medidas.
Los integrantes del colectivo quieren que, ahora, Enrique Múgica dé respuesta a interrogantes como "por qué esta ermita no estaba en el patrimonio municipal como bien histórico", "qué seguimiento y fiscalización de las obras ha llevado a cabo el Ayuntamiento" o "por qué no se puso cuidado a la hora de seguir las obras si se conocía que era un bien histórico".
La asociación considera que la ermita estaba protegida por la Ley 10/1998, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y por el artículo 163 del Plan General Ordenación Urbana de Leganés.
"No nos gustaría llegar a la conclusión de que el urbanismo de las recalificaciones urbanísticas y de los nuevos planes generales resulta de mayor interés para los responsables de Urbanismo en el Ayuntamiento que el de la protección del patrimonio histórico", esgrimen en el recurso.
Esta denuncia llevó al consejo político de IU a abrir expediente a los dos afiliados que han participado en la fundación de la asociación, entre ellos, el ex concejal Mariano Maroto, que pidió la baja de la coalición, y al ex senador Eduardo Cuenca, al considerar IU que las acusaciones atribuían al coordinador local y primer teniente de alcalde, Raúl Calle, la atribución de un presunto delito de esquilmación del patrimonio.