“Nadie puede entrometerse a la intimidad de las mujeres que se han sometido a una interrupción del embarazo previsto en la ley”, según la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, en la presentación de las medidas estudiadas por el Gobierno y que se plasmarán en un Real Decreto. Aído compareció junto a la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para presentar estas medidas y analizar la marcha de la ley integral de violencia de género después de tres años de su entrada en vigor.
Según Bibiana Aído, el Gobierno está decidido a garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos clínicos de las mujeres que aborten, y las medidas estudiadas este viernes responden a los últimos acontecimientos en torno a varias clínicas privadas que practicaban abortos y que han puesto de manifiesto la necesidad de que el derecho de las pacientes a la intimidad y confidencialidad de sus datos clínicos
“sea reforzado”.
El Gobierno
“estará al lado de las mujeres en cualquier cuestión de salud, especialmente en momentos tan dramáticos como los que vive una mujer cuando toma la decisión de interrumpir su embarazo”, según Aído, que recuerda que los acontecimientos antes citados también afectan a los profesionales sanitarios que trabajan en los centros privados, y que necesitan garantías para que su labor no sea puesta en entredicho,
“siempre y cuando esté dentro de los límites establecidos en la Ley”.
La propuesta del Consejo de Ministros tiene dos objetivos: garantizar el respeto del derecho a la intimidad de las pacientes y asegurar criterios comunes de calidad en la prestación de este servicio en todo el Sistema Nacional de Salud, especialmente cuando las Comunidades Autónomas usan medios ajenos.
Derecho a la intimidad y a la confidencialidad
Según el Gobierno, la experiencia de los últimos años demuestra que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (incluida en la Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud) se realiza en su mayor parte a través de medios ajenos a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, lo que requiere determinar criterios comunes para asegurar la calidad y la equidad.
Para lograrlo, el Consejo de Ministros propone que todos los centros públicos y privados que den esta prestación separen el historial clínico de las pacientes de los datos de carácter personal, y estos últimos quedarán ocultos bajo un código, el cual se entregará a la paciente al inicio de la prestación y que sólo podrá ser desvelado en el caso de que haya una autorización judicial que así lo ordene.
Esta medida tendrá carácter retroactivo; es decir, las mujeres que hayan abortado antes de la entrada en vigor del futuro Real Decreto podrán solicitar al centro que lo realizó la codificación de sus datos personales, para hacer extensibles estas nuevas garantías.
Garantía de calidad
El segundo gran objetivo de la normativa será garantizar el cumplimiento de una serie de criterios comunes de calidad en la asistencia médica a las mujeres que se sometan a una interrupción voluntaria del embarazo, especialmente cuando las Comunidades Autónomas opten por prestar el servicio con medios ajenos.
Estos criterios se refieren, entre otros requisitos, a: consulta de toco-ginecología, analítica que deberá garantizarse a las pacientes, pruebas ecográficas pre y post interrupción, capacidad para monitorización cardiaca sistemática y seguimiento post-intervención de las posibles incidencias, que incluirá la necesaria revisión ginecológica.
Según las previsiones del Gobierno, este Real Decreto podría entrar en vigor antes de final de año.
Si (
No(
