El Ministerio Público solicita la aplicación de este embargo al considerar que la propiedad puede ser ejecutada con objeto de compensar a las víctimas de De Juana en concepto de responsabilidad civil. Según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el etarra adeuda a los familiares de fallecidos o heridos a manos de ETA unos 8 millones de euros.
En caso de que la Sección Primera de la Audiencia Nacional ordene esta medida el embargo quedaría anotado en el registro de la propiedad, lo que evitaría cualquier venta de la citada casa. No obstante la esposa de De Juana no se vería obligada a abandonar la vivienda y el etarra podría residir allí una vez abandone la prisión el próximo día 2 de agosto.
Además, la Fiscalía pide al tribunal que que deduzca testimonio para que el Juzgado de San Sebastián competente inicie una investigación sobre la posible comisión por parte de De Juana o Aranzabal de un delito de alzamiento de bienes.
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