El Pleno del Constitucional debate la recusación de Pérez Tremps

A la reunión asisten todos los magistrados del Constitucional, excepto, claro, Pérez Tremps. Tal y como está configurado el alto tribunal, ahora mismo tiene mayoría la tendencia conservadora, con seis magistrados frente a cinco considerados progresistas.

 Las posiciones siguen muy divididas, ya que, en realidad, el asunto es considerado como de ‘alto calado político’: en el trasfondo se encuentra el debate sobre la constitucionalidad o no del Estatut de Cataluña. Pérez Tremps pertenece a los seis magistrados adscritos al ‘bloque progresista’ y más próximo, por tanto, al PSOE. Si Tremps es recusado, el llamado ‘bloque conservador’, más próximos al PP, pasaría a contar con la mayoría, lo que podría influir considerablemente en el debate sobre el Estatuto catalán.

 La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, consciente del problema que tiene encima, ha pedido que haya unanimidad en la recusación de Pérez Tremps, quien, lógicamente, no participa en las deliberaciones ni en la votación de su caso. Nunca antes el Tribunal Constitucional ha admitido una recusación contra uno de sus miembros, pero sus componentes están sufriendo una importante presión mediática y política.

 Por el lado más conservador se encuentran Guillermo Jiménez Sánchez (académico, moderado), Vicente Conde Martín de Hijas (juez, moderado), Javier Delgado Barrio (juez, moderado), Roberto García-Calvo (juez, conservador), Jorge Rodríguez-Zapata (académico, conservador) y Ramón Rodríguez Arribas (juez, conservador).

 Por la parte progresista se identifican a la propia María Emilia Casas (académica), Elisa Pérez Vera (académica), Eugeni Gay Montalvo (jurista), Pascual Sala Sánchez (juez), Manuel Aragón Reyes (académico) y Pablo Pérez Tremps (académico).

 Como se recordará, Pérez Tremps fue recusado por el PP porque este experto en Derecho Internacional elaboró y cobró por un “dictamen” encargado por el Instituto catalán de Estudios Autonómicos, muchas de cuyas observaciones fueron luego introducidas en la reforma catalana. Pero el recusado alega que no se trató de un dictamen, sino de un estudio encargado a varios profesores universitarios y magistrados del Supremo, entre ellos él mismo, que entonces era profesor de Derecho Internacional en la Universidad Carlos III.