El acuerdo por la Justicia entre Rajoy y Zapatero depende de un nombramiento

La última, por el momento: socialistas y populares aceptan la fórmula del ‘9, 9, 1, 1’ para la renovación total del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el PP no cede en un punto básico para los ‘populares’: para escenificar ese acuerdo los socialistas deben aceptar que se nombre de forma inmediata al sustituto del magistrado Roberto García Calvo, fallecido hace unas fechas, y que se aparque la renovación de los otros cuatro vocales del Constitucional hasta que el organismo que preside María Emilia Casas haya dictado sentencia sobre el Estatut de Cataluña. Los socialistas, obviamente, aún se siguen negando a esta segunda parte.

    La fórmula del ‘9, 9, 1, 1’ para renovar los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial significa que 9 serán propuestos por el PP, otros 9 por el PSOE, uno por CiU –seguramente, Manel Silva- y otro por PNV –Margarita Uría, con toda probabilidad, que fue lo pactado en la anterior legislatura-. Quedan fuera, claro está, Izquierda Unida y ERC, que pugnaba en el anterior periodo de sesiones por una vocalía. La Presidencia será para el PSOE y la Vicepresidencia para el PP.

    No ha sido fácil llegar a este acuerdo –aún no cerrado, porque los populares lo vinculan al del Tribunal Constitucional-, pero los socialistas, sobre todo después de los resultados del 9 de marzo, han cedido posiciones. La verdad es que el resultado de las elecciones ayudó mucho al respecto: la pérdida de votos y escaños de IU y de ERC hizo que perdiera fuerza la exigencia de que estas formaciones, o IU, al menos, tuviera representación en el nuevo GGPJ.

El ‘problema’ del Constitucional

Pero para que Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy puedan salir de su reunión el próximo miércoles anunciando un acuerdo de desbloqueo pasa porque socialistas y populares lleguen a un acuerdo en la renovación parcial del Tribunal Constitucional. Ahí es donde unos y otros se la juegan de verdad y donde las espadas siguen en alto.

    Rajoy quiere que se nombre ya al sustituto del fallecido Roberto García Calvo –del sector conservador- y que se aplace la renovación de otros cuatro magistrados hasta que el Constitucional se pronuncie sobre los recursos planteados contra el Estatut de Cataluña. Es decir, que siguieran en sus puestos hasta entonces la presidenta del Constitucional, la progresista María Emilia Casas, y los conservadores Guillermo Jiménez (vicepresidente), Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata.

    Las razones son obvias: sin sustituir a García Calvo las fuerzas respecto al Estatut están así: cinco frente a cinco (está recusado para este caso Pablo Pérez Tremps), pero con el voto de calidad de la presidenta Casas los progresistas ganarían en las votaciones. En cambio, si se nombra al sustituto de García Calvo –que sería con un conservador-, la correlación de fuerzas pasaría a ser como era antes del fallecimiento de ese magistrado: seis a cinco a favor del lado conservador.