Esa responsabilidad "no puede ni debe ser asumida por el Estado" dijo Sabando y confió en que los bancos "presenten propuestas de pago" que permitan tapar el enorme agujero.
Entre los bancos figuran Progreso, Popular, Préstamos, Bancomex, Solbanco, Crédito, Unión, Azuay, Tungurahua y Finagro.
Si esos bancos no logran un acuerdo, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), creada por el gobierno hace 10 años, procedería a incautar los bienes y propiedades de los ex accionistas, como ocurrió con el grupo Isaías, propietarios del banco Filanabanco, anunció Sabando.
La entidad es un organismo autónomo, encargado de recuperar el dinero invertido por el Estado en el saneamiento bancario y de devolver los ahorros a decenas de miles de clientes perjudicados.
El pasado 8 de julio, la AGD incautó 195 bienes, entre ellos, tres medios de comunicación del grupo Isaías, vinculados con el banco Filanbanco, cerrado y bajo investigación judicial.
Según la Junta Bancaria, el Grupo Isaías dejó un hueco patrimonial de más 600 millones de dólares.
La AGD advirtió, en ese momento, que seguiría con más incautaciones a empresas ligadas a bancos intervenidos por el Estado durante la crisis financiera de hace una década.
En 1999, después de la peor crisis financiera que ha sufrido Ecuador, una treintena de bancos pasaron a manos del Estado, algunos fueron saneados y volvieron a funcionar y otros ingresaron a liquidación.
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