Pando amenazó de muerte al secretario de Derechos Humanos

Eduardo Luis Duhalde fue amenazado de muerte por la activista Cecilia Pando en favor de los represores, en el marco de la lectura de la sentencia a cinco militares en Corrientes que se conocieron este mediodía.

"Sería insoportable para mi persona que ella me elogiara", sostuvo Duhalde a Télam minutos después de que la activista de derecha lo amenazara al grito de "te voy a matar con mis propias manos".

El titular de Derechos Humanos afirmó que a pesar de la gravedad de la situación "no daré mayor trascendencia" a un episodio "protagonizado por una mujer que adopta actitudes provocativas" en los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Sobre el fallo que condenó a cuatro militares por delitos de lesa humanidad y absolvió a uno, Duhalde lo calificó de "ejemplar" y lo consideró "un avance sustantivo en la política de terminar con la impunidad".

"Fue un juicio ejemplar porque las presiones fueron muy fuertes" dijo Duhalde al referirse a "las fuertes relaciones con la alta sociedad correntina" que tienen los condenados.

Duhalde resaltó que, por ejemplo, al momento de su detención, el ex capitán Juan Carlos De Marchi portaba el título de presidente de la Sociedad Rural de Corrientes.

El titular de la Secretaría que se presentó como querellante destacó además "la gran transparencia" que se mantuvo durante todas las jornadas del juicio que "brindó todas las posibilidades a los procesados".

Condenaron a cuatro represores por crímenes de lesa humanidad

El primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Corrientes concluyó con el dictado de una condena perpetua, dos penas de 25 años, otra de 18 y una absolución para represores que actuaron durante la última dictadura militar, que se inscribe entre los fallos de derechos humanos de segunda generación.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal impuso la pena a perpetuidad para el teniente coronel Julio Rafael Barreiro; al ex capitán -y presidente de la Sociedad Rural correntina- Juan Carlos De Marchi le dictó 25 años, lo mismo que para el teniente coronel Horacio Losito.

Al ex comandante de la Gendarmería, Raúl Alfredo Reynoso, le aplicó 18 años, y absolvió al ex suboficial de la Gendarmería, Carlo Piriz.

También forma parte de este grupo de represores enjuiciados el último jefe del Ejército durante la dictadura, Cristino Nicolaides, aunque el juzgamiento fue pospuesto debido a que se encuentra internado en Córdoba por su estado de salud.

El fallo a los cuatro condenados -que se sustanció a lo largo de seis meses y un día- terminó con perpetua para el teniente coronel Barreiro, a quien la fiscalía consideraba menos responsable de los hechos que el teniente coronel De Marchi, señalado como un oficial con capacidad de decisión que dirigía e impartía las órdenes y comandaba las torturas.

La pena de 25 años para De Marchi se apoya en la comprobación de que el represor cometió los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada.

Los delitos por los que fueron juzgados los cincos imputados se cometieron en el ex Regimiento 9 de Corrientes, en dependencias del cuartel de Santa Catalina, en la jefatura de la Policía de Corrientes y en la Brigada de Investigaciones de la fuerza de seguridad entre principios de 1976 y finales del ’77.

La pena de un cuarto de siglo también fue dictada para el teniente coronel Losito, mientras que al ex comandante de Gendarmería Reynoso fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de asociación ilícita con participación necesaria en la privación ilegítima de la libertad en seis ocasiones y por privación ilegítima de la libertad en el caso de un perseguido político.

Los jueces fallaron la absolución para Piriz, por lo cual dictaron su libertad.

El presidente del Tribunal Oral es el juez Víctor Alonso e integran el juzgado Lucrecia Rojas de Bardaro y Guillermo Navarro.

El fallo por delitos de lesa humanidad del Tribunal Oral en lo Criminal Federal se suma a otros en su tipo, como la condena reciente para el represor Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba, cuya realización fue posible luego de la derogación de las leyes de impunidad Punto final y Obediencia debida.

Estas leyes, aprobadas a finales de 1986 y a mediados de 1987, se convirtieron en un obstáculo jurídico para el juzgamiento de la represión de Estado, luego que en 1985 fueron juzgados y condenados nueve integrantes de las juntas militares de la última dictadura, catalogado como el fallo de DDHH de primera generación.