Que incluyen según los asociados una serie de movidas gubernamentales del PRD para el establecimiento de una dictadura civil, o una vuelta al militarismo. Los antiguos civilistas empiezan a movilizarce.
El antiguo bastión civilista, la iglesia del Carmen en la vía España, ha vuelto a congregar en sus predios a los líderes civilistas que en 1988 iniciaron una cruzada para derrocar al dictador Noriega, seguidos de viejos y nuevos ‘cruzados’ que para entonces no habían nacido. En la semana han convocado dos vigilias, la última con un par de centenas de asistentes. Los civilistas esperan que el 31 de agosto el presidente Torrijos haya desistido de la aprobación, por Decreto Presidencial, de las leyes que propuso para reformar los cuerpos de seguridad del Estado.
Durante las consultas las leyes han recibido el rechazo de los líderes de la sociedad civil, de los gremios y las asociaciones, por considerarlas parte de un aparato militaroide que retornaría la paz tranquilidad ciudadana a los vejámenes y persecuciones de los últimos días de la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega, derrocado tras una invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, que produjo entre 3 y 5 mil panameños muertos, cifra sin investigar ni comprobar.
Torrijos no ha querido que la discusión vaya a la mesa de concertación, una instancia creada para dotar al país de un Plan Nacional de Desarrollo, al que inicialmente se opuso el presidente, y que reúne un número aproximado de 22 sectores de la población civil. Este Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo logró la aprobación de un plan de desarrollo para garantizar que el dinero de la ampliación del Canal, y los miles de millones que generará, lleguen a los más pobres y se inviertan en el desarrollo social y humano.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE); el Comité Ecuménico de Panamá; la Alianza Ciudadana pro Justicia y Transparencia Internacional, se han pronunciado hasta el momento en contra del paquete de reformas a la seguridad pública, indicando que la consulta debe ampliarse y no tener una fecha límite como la del 31 de agosto. El grupo sí considera necesario buscar correctivos a las causas que han originado tanta violencia en el país, pero sostiene que estos proyectos de leyes de seguridad no son viables y varios de ellos son hasta inconstitucionales.
La sociedad civil estima que los temas seguridad no se deben aprobar a través de los poderes especiales otorgados al presidente, y que se deben discutir en el seno de la Asamblea Nacional, que vuelve al hemiciclo el 1 de septiembre, para el último período de sesiones del actual quinquenio gubernamental.
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