Las muertes de enfermos renales y con otras afecciones fueron ocasionadas porque cuatro fármacos elaborados por la Caja de Seguro Social fueron contaminados con el químico industrial dietileneglicol, y la justicia cree que el hecho punible está acreditado y hay vinculaciones establecidas para que la Corte Suprema de Justicia examine el expediente para determinar si abre causa contra los sospechosos o pide ampliar las pesquisas.   

La Procuraduría General de la Nación entregó este jueves un voluminoso expediente con la investigación sobre la muerte por envenenamiento de al menos un centenar de personas, que ahora y la procuradora Ana Matilde Gómez afirmó que en la investigación que dirigió se hicieron pesquisas sin precedentes, que rompió los esquemas ante la magnitud del daño causado.  

Entre los medicamentos envenenados había un jarabe sin azúcar para la tos y un antialérgico. En total hubo unos 200.000 envases de medicamentos contaminados, aunque no todos fueron distribuidos. En el curso de la investigación se exhumaron un centenar de cadáveres y el Ministerio Público admitió unas 800 denuncias de personas cuyos familiares fallecieron y de otros que quedaron con secuelas por el envenenamiento con fármacos. Un informe del Instituto de Medicina Legal a comienzos de año identificó 175 casos positivos, que incluyeron a 116 muertos y 59 sobrevivientes. Los medicamentos fueron contaminados con una glicerina de tipo industrial adquirida por una sociedad panameña a la empresa española Rafter Internacional, que a su vez obtuvo la materia prima de dos compañías chinas.  

La procuradora Gómez dijo que estará pendiente de remitir a la Sala Penal todas las diligencias que no llegaron a tiempo al expediente, porque aún faltaban resultados de toxicología y del laboratorio forense. Un directivo de la sociedad local Medicom, que vendió el insumo a la Caja de Seguro Social, permanece detenido por el caso, en el cual se investiga a otra decena de personas.