Educación será juzgada por trasladar a los niños gitanos del colegio San Roque

Así lo aseguró este martes el portavoz de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Giner de los Ríos, José Antonio López, que acompañó a los representantes del AMPA del San Roque a una reunión en la Fiscalía.

Según López, el fiscal detectó "intereses difusos" en la orden que el 12 de marzo emitió la Agencia Territorial de la Consejería de Educación, por lo que abrirá diligencias preprocesales para determinar si esta acción podría ser susceptible de delito.

Dicha orden obliga a la permuta entre los 210 alumnos del colegio San Roque, en su mayoría de etnia gitana, y los alumnos del centro público Cristóbal Colón. "Un mes después de recibir esta orden, Lucía Figar dijo en el Senado que el traslado no se produciría si los padres no queríamos, y los padres no queremos", indicó la presidenta del AMPA del centro, Liria de la Cruz, también de etnia gitana.

"Formar un gueto"
Así, las asociaciones gitanas afirman que este traslado atenta "contra los derechos de los niños del colegio, que son tratados de diferente forma por el simple hecho de ser gitanos", apuntó De la Cruz, ya que "lo único que pretende la Consejería es segregar a los niños gitanos y formar un gueto".
Asimismo, reivindicó el derecho de los padres "a llevar a sus hijos al centro más cercano, como marca la ley, y, en este caso, es el San Roque".

Según explicó este martes el presidente de la Asociación Presencia Gitana, Manuel Martín, tras la reunión mantenida entre el fiscal y los representantes de diferentes asociaciones, el colegio San Roque tiene más de 700 plazas, de las que ahora sólo 210 están ocupadas, mientras que el centro Cristóbal Colón está masificado, ya que apenas tiene 300 plazas para 435 alumnos matriculados en el pasado año.

El portavoz de Presencia Gitana aseguró que las instalaciones del Cristóbal Colón no se encuentran en buenas condiciones y que la Consejería pretende "barrer el futuro de los niños gitanos para que se conviertan en los marginados de la sociedad", ya que no atiende a las propuestas alternativas hechas desde las asociaciones gitanas, que contemplan una posible fusión entre los centros.

Asimismo, Martín denunció la carencia de un programa educativo en el San Roque. "Los niños no reciben una educación, se les amontona, se les entretiene en el colegio, pero no reciben una enseñanza", apuntó. "Ahora, lo que nos están ofertando es un edificio, no un programa educativo", indicó la presidenta del AMPA.

Decisión arbitraria
Las asociaciones gitanas sostuvieron que esta decisión "arbitraria" está motivada por un deseo de la Consejería "de separar a la población escolar gitana de los niños que están llegando al distrito con los nuevos planes urbanísticos", añadió la portavoz de la Asociación de Mujeres Españolas Gitanas Romi Sersení, Amara Montoya.

Montoya, además, acusó al director del Área Territorial de Madrid Capital de la Consejería, Bonifacio Alcañil, de tachar al colectivo gitano de ser "absentista por naturaleza". "El distrito de Villarverde no ha sido nunca conflictivo, no ha habido nunca problemas de integración, pero donde había chabolas, ahora hay chalés adosados, y a los gitanos nos catalogan como ciudadanos de tercera categoría", añadió.

Por su parte, la portavoz del sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), Teresa Esteban, instó a la Administración a actuar "con el mayor consenso, ya que, si utiliza a los centros educativos con fines partidistas, éstos serán objeto de conflicto, cuando, en realidad, el