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La respuesta opositora al Gobierno

CONALDE multiplicará los bloqueos de caminos y movilizaciones

CONALDE multiplicará los bloqueos de caminos y movilizaciones

El Consejo Nacional Democrático (Conalde) decidió intensificar los bloqueos desde hoy en cinco regiones para demandar la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y en rechazo a los referendos por la nueva Constitución, y amenazó con impedir el suministro de gas al exterior. En Cobija, los campesinos y “sin tierra” afines a la Prefectura, funcionarios prefecturales y cívicos tomaron las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Los cívicos provinciales de Santa Cruz iniciaron anoche el corte de rutas a la altura del kilómetro 16 sobre la carretera Santa Cruz-Camiri y el primer vicepresidente del Comité Cívico, Roberto Gutiérrez, anunció que hoy las vías amanecerían cerradas.

Sin embargo, los cívicos de Caraparí (Gran Chaco, Tarija) que mantenían bloqueada la carretera a la capital chapaca decidieron ingresar en cuarto intermedio hasta el fin de semana porque no llegaron refuerzos como prometieron los cívicos y prefectos reunidos ayer en Santa Cruz.

Yacuiba también decidió desmarcase de la movilización del Conalde. Ahora pide que el Gobierno garantice el 45 por ciento de las regalías petroleras de 11 por ciento que recibe Tarija. Si el Ejecutivo acepta esta propuesta, podrían levantar la medida de presión.

El foco de atención, sin embargo, fue Cobija (Pando), donde más de 200 personas, entre campesinos, “sin tierra”, funcionarios de la Prefectura y dirigentes cívicos, tomaron las instalaciones del INRA a las siete de la noche de ayer.

El director departamental de esa entidad, Julio Urapotina, alertó que están en riesgo los documentos sobre el saneamiento de tierras que terminó el 2 de agosto y los títulos agrarios.

La ocupación ocurrió después de un ampliado de los sectores opositores al Gobierno en el municipio de Porvenir. La toma, según la denuncia del INRA, fue encabezada por los dirigentes Luis Rojas y Rudy Atiare, quienes hasta anoche se mantenían parapetados en las dependencias estatales, ubicadas en el barrio Los Tajibos.

La toma de instituciones estatales forma parte de las estrategias del Conalde para recuperar el IDH, aunque la dirigencia cívica pandina anunció que estos predios pasarán a ser administrados por el prefecto de aquel departamento, Leopoldo Fernández.

El INRA es la segunda entidad avasallada. El lunes fueron asaltadas las dependencias de la Aduana Nacional, que siguen tomadas por discapacitados que exigen al Gobierno el pago de un bono pero que también apoyan la demanda autonómica de los cívicos.

La delegada presidencial Nancy Texeira informó cerca de la medianoche que la dirigencia cívica tomó también las instalación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y cercaba Impuestos Nacionales y la Superintendencia Forestal.

Los prefectos y dirigentes cívicos que forman parte del Conalde, reunidos en Santa Cruz, decidieron reforzar los bloqueos del Chaco. También rechazaron los referendos por la nueva Carta Magna. Ratificaron la decisión de profundizar la institución de los estatutos autonómicos que fueron aprobados en referendos que no tuvieron el respaldo del Congreso Nacional ni de la Corte Nacional Electoral.

Los representantes departamentales, en su pronunciamiento, denunciaron que son víctimas de “persecución política” por parte del Gobierno, que inició juicios a las autoridades por sedición y otros delitos.

El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, advirtió que los cívicos podrían tomar los pozos petrolíferos en el Chaco, como una forma de radicalizar las medidas, para impedir la exportación de gas a Argentina y Brasil.

El Gobierno, enterado de las amenazas, reforzó la seguridad de los campos petroleros y de las instituciones públicas que activistas de la autonomía intentan tomar.

El martes en Trinidad (Beni), los “unionistas” intentaron ocupar por la fuerza el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), lo que derivó en enfrentamientos con los efectivos militares que custodiaban esa infraestructura. Los choques con petardos, piedras y gases lacrimógenos se prolongaron hasta la madrugada de ayer con el saldo de un policía herido.

El Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) también fue atacado, como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y las dependencias del Ministerio de Trabajo. Ayer llegaron al aeropuerto de Trinidad más de 160 militares armados con escudos y lanzagases. También policías con equipo médico y pertrechos antimotines.

En tanto, en la ciudad de Tarija, las oficinas de Migración fueron atacadas ayer en la mañana por los cívicos juveniles que el lunes habían intentado asaltar las dependencias de la Aduana Nacional. También fue asediado el INRA.

En Macharetí fueron tomadas las oficinas de la Dirección Distrital de Educación.

Las comerciantes del Mercado Campesino que salieron a protestar en la plaza Luis de Fuentes, por el desabastecimiento de productos a causa del bloqueo, fueron echadas a empujones.

Los sectores afines a la Prefectura tomaron los ambientes del INRA en Cobija, Pando.

El bloqueo de vías comenzó anoche a la altura del Km 16, sobre la carretera a Camiri.

Desmarque

Los yacuibeños modificaron su demanda por la que tienen bloqueada la ruta terrestre a Santa Cruz desde hace diez días. Ahora pretenden que el Gobierno garantice que no cercenará ni modificará sus ingresos petroleros, consistentes en el 45 por ciento de las regalías de 11 por ciento que reciben de la Prefectura de Tarija; a partir de allí se podrá iniciar la tarea de desbloquear la vía y levantar el paro de actividades que comenzó el lunes.

La propuesta la dio a conocer Jorge Baldivieso, presidente del comité de huelga formado en asamblea cívica para que se encargue de dirigir la lucha, que en principio fue para exigir la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y definir la conciliación de las deudas por regalías que tiene la Prefectura tarijeña con la provincia Gran Chaco.

Según Baldivieso, el cambio de actitud se debe a que el sacrificio de bloquear no ha tenido la repercusión esperada, tanto del Gobierno central como de las regiones que también están en contra de las políticas del Poder Ejecutivo. “La resolución del Conalde nos satisfizo a medias porque notamos que no tiene la contundencia que esperábamos. En ese sentido, pareceremos egoístas, pero ahora iremos por nuestra cuenta a exigir lo que nos corresponde por ley”, apuntó a tiempo de aclarar que con ello no significa que estén a favor del recorte del IDH. A partir de la posición asumida por los huelguistas, la dirigencia yacuibeña confía en que los representantes del Ejecutivo escucharán y enviarán una comisión oficial para iniciar las negociaciones. En tanto suceda ello, el bloqueo y el paro cívico continuarán. El subprefecto de la provincia Gran Chaco, Adolfo Reynoso, está en desacuerdo con esta posición.

El Vice anuncia descuentos a las prefecturas

El Gobierno anunció que trabaja en una norma que permitirá sancionar a las autoridades, cívicos y otros movimientos que ocasionen daños a las instituciones públicas, con acciones que van desde la destrucción de entidades del Estado hasta la toma de instalaciones petroleras, tal como amenazaron representantes de los departamentos denominados autónomos.

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, informó: “Nosotros hemos emitido un decreto supremo que establece que en caso de que las prefecturas y municipios participen en la promoción de ataques, destrucción o daño a infraestructuras gasíferas o petroleras, habrá un débito automático a aquellos gobiernos departamentales y municipales del país, puesto que dañan la economía. Y estamos pensando ampliar esta sanción a quienes dañen las instituciones públicas”.

El Poder Ejecutivo aprobó hace dos semanas un decreto supremo mediante el que se puede descontar a las prefecturas para reparar los daños que sean cometidos a las entidades públicas y bienes del Estado boliviano.

La madrugada de este miércoles, durante más de seis horas consecutivas, la ciudad de Trinidad fue el escenario de duros enfrentamientos entre la Policía Militar y los autonomistas de la región, quienes intentaron tomar las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), generando daños en ambas infraestructuras.

García Linera dijo que el Gobierno también instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas que estudien mecanismos legales que permitan mejorar, ampliar y reforzar la protección de los ciudadanos e instituciones públicas del país.

“Pequeños grupos violentos pagados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) no pueden poner en riesgo a los ciudadanos ni las infraestructuras públicas”. Para el Mandatario, hay estructuras políticas que están caminando gradualmente a un proceso de delincuencia. “El decir que van a desconocer leyes muestra a un grupo político enfrentado con las asociaciones democráticas del país. Encima están queriendo violentar las normas jurídicas del país, por una parte se enfrentan al Congreso, propugnan desconocer las leyes de forma adelantada, cometiendo un delito”.

Las resoluciones del Conalde

Los miembros del Consejo Nacional Democrático y las organizaciones de la sociedad civil de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, resuelven:

1.- Masificar el bloqueo de carreteras a partir de la fecha en los cinco departamentos del oriente y sur del país en adhesión a las medidas de presión realizadas en el Chaco para la restitución del IDH y la defensa de las regalías, que constituyen derechos históricos de nuestros pueblos y la base material para implementar las autonomías departamentales; a la vez de alertar que, en caso de persistir la política confiscatoria del Gobierno central, no nos responsabilizamos de cualquier acción que impida el suministro de hidrocarburos al exterior del país.

2.- Rechazar e impedir el propósito del Gobierno central de imponer un texto de reforma constitucional que carece de toda legalidad y legitimidad y que fue escrito con la sangre de hermanos bolivianos en cuarteles y fuera de la sede legal de la Asamblea Constituyente (Sucre), por lo que nos ratificamos en la decisión de no permitir la realización de ningún referéndum constitucional que apruebe ese proyecto en nuestros departamentos.

3.- Ratificar nuestra decisión de profundizar la implementación de los estatutos autonómicos aprobados por nuestros pueblos. Al mismo tiempo, aplaudir y apoyar la firme determinación de Chuquisaca de convocar al referéndum por la autonomía departamental.

4.- Denunciar al pueblo boliviano la persecución política del Gobierno central a las autoridades departamentales y los dirigentes cívicos, con juicios sin basamento legal alguno.

5.- Convocar a los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones democráticas del país, sin distinción de raza, posición política o religiosa, a conformar un frente amplio en defensa de la democracia, que trabaje por la pacificación nacional y la recuperación plena de la democracia.

Los conflictos

Los cívicos del Chaco mantienen bloqueadas las carreteras a Argentina y Paraguay.

Caraparí decretó un cuarto intermedio en las protestas y Yacuiba se desmarcó.

En Cobija, los campesinos, “sin tierra”, funcionarios y cívicos tomaron las oficinas del INRA.

El Comité Cívico de Beni conminó a un jefe militar a dejar la región a más tardar hoy.

El Conalde determinó en su reunión que radicalizará los bloqueos en cinco departamentos.

Anoche comenzaron a bloquear a la altura del kilómetro 16 a Camiri.

El Gobierno reforzó la seguridad de las oficinas estatales y campos petroleros.

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