Ante la difusión de informaciones relativas a una causa judicial que tiene lugar en Miami y que son de conocimiento público, el gobierno argentino, a través de su cancillería, señala:
1. Que en cumplimiento de una orden judicial, el gobierno argentino solicitó a las autoridades competentes de los estados unidos la extradición de Guido Alejandro Antonini Wilson. Este pedido fue realizado el 31 de agosto de 2007 y reiterado el 28 de diciembre del mismo año. Por su parte, la embajada argentina en estados unidos requirió información sobre el estado del trámite el 28 de febrero de 2008 y el 14 de abril de 2008. a pesar de haber transcurrido más de un año desde la solicitud, no se ha recibido respuesta alguna a la solicitud de extradición.
2. Es altamente llamativo este silencio, atento a que la justicia argentina es el órgano naturalmente competente para juzgar a las personas imputadas de la comisión de ilícitos en nuestro país. Máxime cuando fueron descubiertos por las propias autoridades argentinas y se trata de quienes han reconocido su responsabilidad en esos hechos.
3. Las aseveraciones irresponsables efectuadas por la fiscalía en base a material armado y producido por el FBI -es decir con conocimiento de autoridades políticas de estados unidos- cuando al mismo tiempo se niega a nuestro país la posibilidad de juzgar a los responsables y esclarecer los hechos ocurridos en nuestro territorio, afectan de manera inaceptable la potestad jurisdiccional de nuestro país, e implican el uso indebido de una causa judicial con fines políticos subalternos.
4. Las relaciones maduras que deben existir entre estados no pueden verse sino afectadas a instancias de operaciones con finalidades políticas de este tipo. Se manipulan dichos de la persona que ante todas las autoridades argentinas reclamo la propiedad de la valija de dinero, y ante autoridades estadounidenses ahora lo niega y que en otras informaciones aparece como también sospechado de cometer otros ilícitos en terceros países. Claramente se intenta hacer aparecer como culpables a las autoridades que evitaron el ingreso ilegal de divisas a la república argentina e inocentes a quienes violaron las leyes.