OPINION/Victor Gijón
viernes 12 de septiembre de 2008, 15:33h
De un tiempo a esta parte se suceden los litigios judiciales entre empresas y el Ayuntamiento de Santander. Son la prueba de que algo no funciona bien en la Casona Municipal. Todo asunto político que termina en los tribunales evidencia el fracaso de la política.
No digo que los empresarios no tengan derecho a presentar ante los tribunales su quejas o reclamaciones. O que la administración pueda y deba defender sus derechos ante las instancias judiciales. Pero tengo la sensación de que no estamos ante la defensa de derechos legítimos sino que se trata del choque del “aquí mando yo” y la demanda judicial como moneda de cambio. Me explico.
Los métodos autoritarios del anterior alcalde, Gonzalo Piñeiro, dieron lugar en muchas ocasiones a decisiones discutibles y discutidas. Algunos empresarios, bien como medicina preventiva, bien porque creen que actuando así logran mejores resultados, recurren hoy una decisión para negociar mañana el desestimiento a cambio de contraprestaciones. No es el primer caso y puede que no sea el último. El problema es que todo ese manejo, desde el autoritarismo chulesco a los intereses privados, se hace con dinero publico. Con cargo a la exhausta caja del Ayuntamiento de Santander.
El actual alcalde, Iñigo de la Serna, que aún formando parte de la anterior corporación no puede en justicia, dada la forma de gobernar el ayuntamiento de Piñeiro, hacerle corresponsable de anteriores decisiones, si tiene a obligación de explicar qué va a hacer ahora que si tiene la vara de mando.
Recurrir la sentencia favorable a Ascan, en la que se pone en cuestión la adjudicación de las importantes obras del Parque de Bomberos, garajes de TUS y talleres municipales, es poner tiritas a un politraumatizado. Demorar en unos meses la sentencia definitiva sólo servirá para aumentar en unos miles de euros más la indemnización millonaria que la constructora de Santiago Díaz se llevará si se confirma que la irregular adjudicación de las obras citadas.
De la Serna debería explicar qué va a hacer en ese caso y que contraprestaciones tiene pensando ofrecer a Asacan para no tener que pagar por nada. No obstante, lo que el alcalde de Santander debería hacer con urgencia es abrir una investigación para conocer con detalle sin fue Piñeiro quien pasó por encima de los informes técnicos-administrativo para la adjudicación, lo que es más que probable, o si fueron los técnicos lo que le equivocaron. Y, sobre todo, que explique que intereses estuvieron detrás del asunto. Porque la rumorología no exime de responsabilidades ni al PP, partido que gobenaba y gobierna el Ayuntamiento de Santander.
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