Solo uno de cada cien menores maltratadores reincide

La creación de El Laurel, centro especializado para que los menores que han cometido delitos de maltrato familiar puedan cumplir sus medidas judiciales sometidos a un programa específico, y gestionado por Fundación Grupo Norte, ha empezado a dar sus frutos. En solo un año, la reincidencia de estos jóvenes ha pasado del 30 por ciento al 1 por ciento.

Así lo indican los datos presentados este lunes por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados; y la directora gerente de la ARRMI, Carmen Balfagón. El tratamiento especializado a estos menores —80 de los cuales pasaron por El Laurel— quedó reforzado recientemente por la creación de un grupo de convivencia para cumplir las medidas de alejamiento impuestas por los jueces. En cuanto al resto de los adolescentes que pasaron por los centros de la ARRMI, la tasa de reincidencia también se redujo en seis puntos, hasta quedarse en el 11 por ciento. Actualmente, son 920 los menores madrileños sometidos a medidas judiciales, ya sean de internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico de salud mental o drogodependencias.

Su perfil mayoritario es el de un varón español de unos 17 años que ha cometido delitos de robo con violencia e intimidación. Así, según los últimos datos de la ARRMI, 390 de estos jóvenes son españoles, 247 latinoamericanos, 145 magrebíes, 111 de países europeos comunitarios y 10 europeos no comunitarios. Otros 15 pertenecen a otras nacionalidades. Además, en este momento, en Madrid hay unos 5.300 menores sometidos a libertad vigilada, bien por haber cometido una falta o delito leve o bien como medida posterior a un internamiento.

Ningún menor pendiente de cumplir su medida
Actualmente, Madrid cuenta con recursos suficientes para que los menores infractores puedan cumplir sus medidas judiciales. Así lo recalcaron Granados y Balfagón, que recordaron que, desde la puesta en marcha de la ARRMI, no solo se ha alcanzado este objetivo, sino que la región 'echa una mano' a otras comunidades autónomas con menos recursos y pone plazas a disposición de menores no madrileños pendientes de ejecutar sus medidas.