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Cataluña y el gobierno de los jueces

domingo 08 de abril de 2018, 10:26h

Tiene toda la razón el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, al afirmar que cuando un problema social o político acaba en manos de la justicia, el poder judicial comienza a convertirse en el guionista del relato político. De hecho, cada vez resulta más evidente que existe una tendencia en la judicatura de muchos países a protagonizar la orientación de la vida nacional, sobre todo interviniendo en la determinación de lo que es constitucional y lo que no lo es. El problema consiste en abusar de esa competencia, inclinándose a decidir todo el rato lo que es posible o no en la acción política, entre otras razones porque cuando se trata de asuntos colectivos, la percepción política de los tribunales no siempre es la mejor. Los errores en este campo son cada vez más frecuentes. Por esta razón muchos reclaman que por esta vía estamos accediendo al gobierno de los jueces, lo cual no es bueno para el sistema democrático.

Insisto, Enric Juliana acierta en este señalamiento; pero, desafortunadamente, se equivoca en todo lo demás. En primer lugar, no capta que no se trata de algo que pueda ser de ida y vuelta. Una vez que el asunto está en manos de la justicia, el gobierno pierde capacidad de maniobra. Ahora Mariano Rajoy no puede reconducir la negociación con los independentistas catalanes aunque quisiera. Porque una negociación ya no puede enmendar y mucho menos colisionar con las decisiones judiciales respecto de los graves delitos cometidos. La solicitud que hacen algunos al gobierno de que retome la iniciativa resulta a estas alturas una clara necedad.

Entonces, la pregunta es: ¿cómo se ha llegado a esta situación, dejando que el poder judicial se haga cargo del conflicto en Cataluña? La responsabilidad de ello se reparte entre la laxitud de Rajoy y la tozudez del independentismo. Pero seamos justos, tal responsabilidad no se reparte a partes iguales. El único objetivo de las fuerzas independentistas era como lograr la secesión y eso resulta innegociable para el Estado democrático. Por más que repitan los secesionistas que debe haber dialogo entre ellos y el Estado, cualquier negociación acerca de cómo aceptar la República catalana está condenado al fracaso. Y ellos lo saben.

Así las cosas, tienen razón algunos jueces cuando afirman, no sin cierto orgullo, que la judicatura ha sido el verdadero muro de contención del separatismo en Cataluña. Sobre todo vista la incapacidad del Ejecutivo para impedir la celebración de un referéndum ilegal. Hoy se sabe que hasta la cúspide de seguridad se dedicaba a transportar las urnas hacia los colegios de votación. Simplemente la astucia engañosa del catalanismo se burló de los responsables de seguridad españoles. ¿Cuál era, entonces, la última trinchera del Estado de Derecho? Nos guste o no, el sistema judicial.

La cuestión es que una vez que los jueces se han hecho cargo del conflicto, la iniciativa queda fundamentalmente en sus manos. La actuación del Ejecutivo queda en segundo plano y ya no puede contravenir la iniciativa judicial.

El otro error básico del insigne analista Enric Juliana consiste en sostener que la persistente desobediencia del independentismo ha tenido lugar sin violencia manifiesta. Asegura que la gran mayoría de la población catalana “no ve esa violencia”, que sirve de base a los autos del juez LLarena para imputar el delito de rebelión.

Remedando al mejor Saramago, Juliana pretende dejar ciegos a todos los hombres y mujeres de Cataluña. ¿Así que la gente en esa comunidad no ve las acciones frente a la Consejería de Economía, la destrucción de los autos de la Guardia Civil, los continuos cortes de las carreteras y el abanico de acciones callejeras de los Comités de Defensa de la República, que aparecen cada día en los medios de comunicación? Peor aún, ¿qué pueden hacer los jueces con esas pilas de documentos –hoy públicos- de los cerebros del procés, en los que aludían a la necesidad de las movilizaciones callejeras, independientemente de cómo acabaran? ¿Mirar para otro lado?

Juliana argumenta parapetándose en el dictamen reciente del tribunal alemán. Con todo respeto, el argumento del tribunal alemán de que esa violencia no es suficiente para poner en jaque a las autoridades constitucionales españolas, es simplemente un intento por patear la bola fuera de la cancha. Sobre todo, teniendo en cuenta que en su similar delito de alta traición, establecido en la normativa alemana, no es necesario que exista violencia manifiesta, sino simplemente amenaza de violencia, y que ahí no se especifica cuáles son las consecuencias de esa amenaza, si esta pone en jaque al gobierno constitucional o no.

Enric Juliana se agarra a este clavo ardiendo para asegurar que el argumento de la violencia en Cataluña es insostenible. No se da cuenta adonde lleva su tesis: por ese camino las acciones violentas contra los trenes, las carreteras, los edificios, los opositores resultan ser algo sin importancia en este pacifico debate político que se desarrolla en Cataluña. Así que pueden continuar con total impunidad. ¡Esa sí que es invidencia, señor Juliana!

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