Consigna para un ministro: ¡Ponte las pilas Fernando!

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había notado en el curso de esa semana alguna inquietud en círculos gubernamentales sobre la elaboración por parte de la Guardia Civil del atestado solicitado por la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga la denuncia por el permiso concedido para realizar la manifestación del 8-M. Pero desde que el jueves 21 de mayo se filtrara a la prensa partes de ese atestado, donde no sólo se señalaba al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, sino al propio Fernando Simón, y en general dejaba mal parado al Gobierno Sánchez, desde la Moncloa la presión se hizo más intensa. Al día siguiente, viernes 22, la consigna para el ministro estaba clara: ¡Ponte las pilas Fernando! (todo acaba filtrándose en los pasillos del palacio). Se le urgía a obtener el informe de la investigación y conocer sobre su elaboración por parte del grupo de la Guardia Civil encargado por la jueza en tanto policía judicial.

Ese fin de semana, Grande Marlaska solicitó información al coronel de los Cobos mediante mandos de su ministerio y de la propia guardia civil. Pero la respuesta del coronel fue el silencio o la aseveración de su desconocimiento. La molestia del ministro fue creciendo desde el sábado. En la tarde del domingo, después de varias llamadas telefónicas a de los Cobos tomó la decisión de destituirlo. Pasadas las diez de la noche, la directora general del cuerpo, María Gámez, comunicó al coronel Pérez de los Cobos su cese. Desde luego, para entonces el ministro ya había consultado con la Moncloa. ¿Alguien se cree que Marlaska pudo cesar a un alto cargo de la guardia civil sin el consentimiento de Sánchez?

Y desde ahí comenzó el enredo. La justificación original de la destitución fue la falta de confianza. Pero eso no duró ni 24 horas. Luego, todo era producto de una reorganización interna de la institución. Y más tarde, en la sesión de control al gobierno, Marlaska ha declarado que la falla del coronel de los Cobos ha consistido en no informar sobre las filtraciones sucedidas con el atestado emitido para la jueza que instruye el caso. Pero esa misma mañana, también se filtraba la nota oficial firmada por la directora general, María Gámez, donde se reconocía que el coronel de los Cobos fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

El clamor se desató en medios políticos y periodísticos: el ministro Marlaska ha mentido descaradamente y debe dimitir o ser cesado por el presidente del Gobierno. No sólo los partidos de oposición han puesto el grito en el cielo, sino que las asociaciones profesionales del entorno han pedido en cascada su destitución. Primero fueron las organizaciones de la Guardia Civil, luego las de la judicatura y a continuación las asociaciones de fiscales. Tanto la mayoritaria Asociación de Fiscales como la Asociación Independiente de Fiscales coinciden en que la única salida correcta de esta situación es la dimisión del ministro “por no respetar la separación de poderes y actuar contra un funcionario simplemente porque acato la ley”.

Varios representantes políticos de la oposición han señalado la considerable transformación sufrida por aquel juez Marlaska que procesó a los grupos de ETA, arriesgando su vida, hasta convertirse en este ministro acosado y enredado en sus propias mentiras. Y algunos se preguntan cómo es que ello ha sido posible. En mi nota anterior, donde calificaba a Grande-Marlaska como el gran contagiado, señalaba dos posibles causas explicativas. De un lado, para demostrar una fidelidad firme respecto del presidente de Gobierno y su proyecto; pero, sobre todo, por la interiorización de la forma de hacer política del caucus al que pertenece. Esa combinación de cinismo y descaro que preside la comunicación en el entorno de Sánchez no podía sino contagiarle. Era una simple cuestión de pertenencia.

Desde luego, el problema más grave refiere al efecto que puede tener en la sociedad la resistencia a la dimisión o destitución del ministro Marlaska. Ya se ha puesto de manifiesto el cierre de filas que ha ordenado Sánchez en torno a su ministro. No sólo lo ha verbalizado él mismo, sino que los largos aplausos de su grupo parlamentario presagian una resistencia enconada. Pero la cuestión consiste en que, si se deja pasar este escándalo, simplemente porque es uno más de los que ha producido el gobierno en las pasadas semanas, eso puede conducir a la opinión pública a caer en la resignación de que el gobierno tiene patente de corso.

Varios observadores han señalado que es precisamente esa corrupción política lo que mina los fundamentos éticos y políticos de la democracia. Pero no parece que la oposición tenga una idea clara de lo que puede hacer al respecto. Algunos, como Francisco Marhuenda, parecen deslizarse hacia el pesimismo: la sociedad española acabará anestesiada y la aceptación del cinismo en la política permitirá a Sánchez gobernar largamente. Otros, buscan apoyarse en las instituciones públicas: galvanizar la Guardia Civil, utilizar la tribuna parlamentaria para denostar al Gobierno o bien trasladar el problema al poder judicial, aunque la rueda de la justicia gire lenta. Mientras, la extrema derecha se lanza a arriesgadas manifestaciones en medio de la pandemia.

Pareciera que los representantes políticos no saben utilizar el poder legislativo para otra cosa que no sea la acusación mutua, incluso mediante el insulto soez. Pero en otras culturas, como por ejemplo la británica, se ha usado con cierta frecuencia una fórmula eficaz de parar en seco los desmanes del Ejecutivo. Simplemente, la mitad del arco parlamentario abandona el Parlamento (en el caso español, consistiría en vaciar la mitad del Congreso y del Senado). Dejar, por tanto, que el Gobierno dirija el país a sus anchas, pero mostrando ante la ciudadanía que la oposición no esta dispuesta a ser cómplice de la corrupción del sistema democrático. Esa acción evitaría la anestesia de la opinión publica y mandaría un rotundo mensaje de alerta a la Unión Europea sobre la falta de gobernabilidad democrática que padece España. En todo caso, esa postura de la oposición debería ser formalmente advertida al Gobierno para evitar males mayores. Creo que entonces la destitución de Marlaska se convertiría claramente en el límite, la línea roja, de lo que la mayoría de la opinión pública española está dispuesta a soportar.