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La Corona no quiere ser la excusa

viernes 06 de diciembre de 2019, 18:15h

Los partidos protagonistas de la negociación clave para la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE y ERC, se han sumido progresivamente en un juego de apariencias para evitar aparecer como responsable del retraso en la formación de un Gobierno o incluso del naufragio de la propia investidura. El Gobierno de Sánchez había puesto demasiado énfasis en que habría gobierno antes de Navidades y ahora no quiere defraudar a sus seguidores. Por su parte, ERC, luego de defender la idea de que prefiere un acuerdo sólido a un acuerdo rápido, ha experimentado una cascada de presiones para que cierre el trato de una vez (uno de cuyos últimos capítulos ha sido la vergonzante visita de los líderes sindicales a Oriol Junqueras en la cárcel). Desde luego, ambas partes verían reducir su responsabilidad si surgiera un factor externo a las negociaciones que determinara la postergación de la investidura. Pues bien, la Corona ha decidido no jugar ese papel. No será el proceso de consultas con 18 partidos el que alargará el plazo que conduce a la sesión de investidura. El Rey ha decidido acelerar y concentrar las consultas en dos días (10 y 11 de diciembre), para no obstaculizar el proceso. Esa decisión devuelve toda la responsabilidad a quienes negocian un acuerdo partidario para formar gobierno.

Si se busca una línea de base para captar los parámetros en que se desenvuelven las negociaciones entre PSOE y ERC, hay que partir de las declaraciones que hizo Pedro Sánchez en su rueda de prensa en Londres, donde afirmó: “Puedo garantizar dos cosas, en primer lugar, que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática de la Constitución española y, en segundo lugar, que será público”. Esa afirmación, que parece sencilla y lógica, ha levantado un remolino de malestar en ERC, que la considera “una presión intolerable” de cara a las negociaciones en curso.
La causa de ese malestar es comprensible. La frase, aparentemente inofensiva, puede tener varios significados, pero ninguno de ellos augura un buen destino en las negociaciones con ERC. Y la cosa no mejora cuando los medios preguntan por el trasfondo de esa afirmación en la conferencia de prensa gubernamental y la portavoz, Isabel Celaá, responde que el Gobierno tiene todo el derecho de informar que no hay aún ningún acuerdo con ERC y que no será secreto. En realidad, todo indica que la frase supuestamente inocua puede significar: 1) que el PSOE hace depender el acuerdo de la posibilidad de conseguir una fórmula jurídica para superar la contradicción entre el marco constitucional y la pretensión de ERC de alcanzar la República Catalana; 2) que se busque un acuerdo en el cual ERC pueda postergar sus reivindicaciones independentistas para la investidura, manteniéndolas inmediatamente después; 3) que Sánchez haya querido dejar claro de una vez a ERC cuales son las líneas rojas que establecen los límites de cualquier acuerdo posible con esa fuerza política.

Respecto del primer significado, está claro que el esfuerzo por encajar las reivindicaciones secesionistas de ERC en el marco constitucional no tiene destino alguno. Sería meterse en cambios e interpretaciones de la Carta Magna que requeriría el consenso del Tribunal Constitucional o de una mayoría cualificada en el Congreso. No merece la pena intentarlo. La única forma de encontrar mecanismos, como dice el inefable ministro Ábalos, es dentro del cuadro orgánico previsto en la normativa ordinaria sobre relaciones políticas e institucionales. Y en estos ámbitos no hay competencia para encarar las demandas independentistas. Es decir, habría que desplazarse al segundo significado para poder encontrar alguna vía de avance.

Esta segunda posibilidad es la que parece impulsar denodadamente el Gobierno del PSOE. Lo que entrega Sánchez en esa negociación es un amplio cambio discursivo y una serie de actos de buena voluntad. Así, donde antes había una crisis de convivencia ahora hay una crisis política y el PSC eleva la voz acerca de una hipotética nación catalana, entre otras concesiones discursivas. Ello va acompañado de actos concretos, como aceptar en la mesa de negociaciones a un encartado por la justicia, Josep María Jove, el retraso en la entrega al Constitucional de los acuerdos secesionistas del Parlament, la revisión favorable de la situación de los presidiarios condenados por el proces, la permisividad en las fórmulas de acatamiento constitucional de los nuevos diputados, especialmente de ERC que promete por la República Catalana, y un largo etcétera.

Podría parecer que son muchas las concesiones que hace el Gobierno de Sánchez, pero lo cierto es que la carga gruesa de la negociación recae sobre ERC. Esta fuerza política tendrá que aparcar sus reivindicaciones secesionistas por el momento, hasta la realización de la investidura, para recuperarlas inmediatamente después. Sánchez no puede concederles nada sustantivo sobre el derecho de autodeterminación, la celebración de un referéndum y, sobre todo, no puede garantizarles que el poder judicial no actuará ante los gestos y las acciones independentistas del Parlament o la Generalitat. Pero el aparcamiento de sus demandas secesionistas para permitir la investidura de Sánchez estará vigilado de cerca por sus bases radicales, que se manifestaran en el congreso del partido de diciembre, y sobre todo, por la competencia descarnada de JxCat, que tiene en su poder la llave para convocar las elecciones autonómicas en cualquier momento. No hay duda en ERC, un desliz importante y se les cuelga el sambenito de botiflers (que es una forma localista de traidores) sin la menor vacilación.

En suma, al interior de ERC hay una batalla política desatada que dista mucho de haberse resuelto y que previsiblemente se inclinará por el NO a Sánchez conforme se prolongue la decisión. Por eso el Gobierno está poniendo toda la carne en el asador en el corto plazo y deja que se hable del 19 de diciembre. Y algunos medios se suman estrepitosamente a esa eventualidad. Parece que la recuperación del buen juico también debe de aparcarse hasta después de la investidura. Pobre país.

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