Nicaragua: cuando las trampas a la democracia dejan de funcionar

El caso de Nicaragua es una buena muestra de que un sistema político es bastante más que el conjunto de las instituciones políticas de un país. Hace tiempo que, desde posiciones políticas tan dispares como el politólogo canadiense David Easton o el neocomunista Antonio Gramsci, se ha señalado que un sistema político refiere a la relación entre gobernantes y gobernados, entre las instituciones políticas y la ciudadanía, entre los aspectos instrumentales y la cultura política. Copar la institucionalidad política, como ha hecho estos años Daniel Ortega en Nicaragua, no entrega gobernabilidad si se margina a una parte considerable de los gobernados. Sólo cuando hay una relación virtuosa entre esa institucionalidad política y la ciudadanía se genera un desarrollo en condiciones de estabilidad política.

El recuento de este segundo mandato de Daniel Ortega (2006-2018) es la historia de la corrupción interna del sistema democrático. Primero fueron los resultados de las elecciones del 2006, que el sandinismo ganó con un 37% de los sufragios, frente al 50% de los Liberales, que acudieron a los comicios divididos en dos grupos irreconciliables. Ortega consigue así la Presidencia e inicia los pactos contra natura con el expresidente Alemán, acusado de corrupción agravada, donde el sandinismo comerció la excarcelación del reo Alemán por los votos de su partido para poder obtener mayorías parlamentarias que le permitieron acomodar otros poderes del Estado. Pronto consiguió penetrar el poder judicial y subordinarlo al Ejecutivo.

Ante las elecciones del 2011 Ortega cuenta en dos factores decisivos: el apoyo de la Corte Suprema para que pueda soslayar la prohibición constitucional de reelegirse presidente y el apoyo económico desbordante del régimen chavista de Venezuela. Bien premunido de banderas políticas y económicas deslumbra a la ciudadanía, que le otorga el 62% de los sufragios. Diversos analistas hablaron entonces de la débil cultura política democrática de la ciudadanía nicaragüense.

Pero la corrupción interna avanza imparablemente. El nepotismo familiar es escandaloso. Ortega coloca en puestos decisivos a familiares y amigos íntimos. Su propia mujer es encargada de dirigir el sector social y desata una política clientelista dirigida a los sectores más pobres. El choque con las agencias de Naciones Unidas en Nicaragua es inevitable. Por otra parte, el régimen chavista entra en crisis y el apoyo financiero al Frente Sandinista se va reduciendo hasta desaparecer prácticamente.

El deterioro del orteguismo se acelera. Buena parte de los antiguos comandantes sandinistas que ya habían tomado distancia del corrupto Daniel agudizan sus críticas. Mientras tanto, Rosario Murillo, “la Chayo”, se rodea de un clima bizarro donde caben la religión, el esoterismo, el nuevo socialismo y, por supuesto, el apoyo incondicional a Ortega (incluyendo el anterior rechazo de las acusaciones de su hija de haber sufrido abusos del padrastro Daniel).

En ese contexto, se preparan los comicios de 2016. La pareja Ortega-Murillo componen la fórmula electoral. Los partidos opositores no se ponen de acuerdo. Las encuestas tampoco coinciden en cuanto a la intención de voto. Finalmente una parte de los opositores se abstiene asegurando que no existen garantías para participar en la carrera electoral. Y la pareja sandinista obtiene el 72% de los sufragios. Las acusaciones de fraude no se hacen esperar, pero la OEA no se atreve a denunciar, mientras algunos países, como Costa Rica, dejan saber su “profunda preocupación” por cómo se han desarrollado los comicios en el país vecino. Ortega aguanta el chaparrón a pie firme.

Algunos analistas señalan que la continua manipulación de las instituciones políticas ha conducido a Ortega a sentirse demasiado seguro y a desconectarse de la realidad social. Por eso, ante las dificultades financieras del sistema de seguridad social, se atrevió a adoptar recortes graves y aumentar obligatoriamente las contribuciones al sistema. La primera reacción de molestia tuvo lugar entre los pensionistas. El gobierno respondió repartiendo unos cuantos golpes. Pero las imágenes de los viejitos apaleados irritaron a otros sectores, entre ellos a los estudiantes, que comenzaron a realizar manifestaciones ocasionales.

Ortega cometió el error de subir el tono de la respuesta: lanzó a la policía y a los grupos de choque de las juventudes sandinistas sobre las marchas estudiantiles. El jueves 19 de abril se produjeron las primeras víctimas. Y la rebelión se extendió. El gobierno puso fuera del aire a varios medios de comunicación, pero los jóvenes no los necesitaban. El uso de las redes sociales hizo que algunos comentaristas empezaran a comparar la revuelta en Nicaragua con las primaveras árabes.

El viernes la movilización se extendía por otras capitales del país y comenzaba a ganar sectores: Iglesias, trabajadores del sector privado, organización patronal. Ortega respondió con una cadena nacional que duró más de una hora, en la que acusó a los estudiantes de pandilleros. El sábado la cantidad de muertes ya sobrepasaba la decena, incluyendo un periodista que prácticamente gravó su propia muerte.

Al mediodía del domingo el Gobierno reconsideró la situación y Ortega anunció que se suprimía el decreto draconiano para con la seguridad social. Sin embargo, la marcha conjunta de los sectores sociales y económicos ya se había convocado y tuvo lugar con éxito el día lunes. A partir de este punto el debate entre los activistas, sobre todo entre los estudiantes, está abierto: ¿se detiene la protesta en la reivindicación sobre la seguridad social o ya la cuestión es de mayor calado?

Esa pregunta no tiene pronta respuesta. Lo que sí parece evidente es que el copamiento de las instituciones políticas, incluso aprovechando la debilidad de la cultura democrática, no garantiza la gobernabilidad. Y una mala relación entre gobernantes y gobernados no siempre puede compensarse con una mayor dosis de trampas a la democracia. Probablemente, Ortega está viendo cómo comienzan a agotársele los trucos.