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Con olor a rendición

lunes 21 de junio de 2021, 11:19h

Han madurado en el árbol sanchista los previstos indultos para los reos separatistas sentenciados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación, decididos por el Gobierno y rubricados con la firma preceptiva de Su Majestad el Rey. Son decisiones estudiadas por un Gobierno legítimo que, por ello, el Rey de una monarquía democrática debe firmar preceptivamente. No pondremos en duda las facultades del Gobierno. Pero ello no quiere decir, como se empeñan muchos comentaristas en estos días, que las firmas sean un trámite sin significación alguna, como el automatismo de una máquina de estampillar. La firma del Rey, en una monarquía parlamentaria como la nuestra, es el símbolo de la permanencia de España y el aval de que la decisión gubernamental cabe dentro de la legalidad constitucional vigente. No es imaginable que un Gobierno decente presente a la firma del monarca decisiones arbitrarias. Pero no se trata de un supuesto históricamente imposible. Son más de uno en la historia los monarcas que han sido presionados o forzados por un entorno político a asumir normas contrarias a Derecho.

¿Puede tener un indulto ingredientes de ilegalidad? Difícilmente, si se trata de un acto de perdón solicitado por el transgresor que dice, como en el Padre Nuestro “perdónanos como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden”. Se pide magnanimidad y se practica. Pero en este caso no existe constancia de perdón solicitado por los indultados. Es cierto que no estamos valorando un acto religioso sino un gesto político. El gobernante cree que es socialmente conveniente ejercer una gracia que no le ha sido solicitada. Es una valoración política que no se puede juzgar sin el análisis de circunstancias del que se supone que dispone un Gobierno competente. Lo que no se sabe es si lo que España padece es un Gobierno competente.

Una cosa es la falta de petición de perdón y otra más la falta de arrepentimiento o, cuando menos, la voluntad de no reincidir. La ausencia de arrepentimiento incumple la finalidad de las penas a que alude el Artículo 25 de la Constitución, que son la reeducación y la reinserción de los penados en la normalidad. Resultará difícil vender como debidamente motivados unos indultos individuales con expreso propósito de reincidencia de los inculpados. Este propósito de reincidencia expreso desdice esa oportunidad de concordia que pretenden observar algunos empresarios y algunos obispos catalanes y, por el contrario, anuncia una oportunidad de futura discordia. Existen límites constitucionales, como el establecido en el Artículo 62 que dice “que no podrá autorizar indultos generales”. Estos indultos, referentes al conjunto de personas con responsabilidades en una sedición colectiva, tienen todo el cariz de “generales”. Pero es previsible que un trabajo intencionado y concienzudo del Ministerio de Justicia haya individualizado uno por uno los expedientes, de tal forma que sea visible la división y la acotación personal de cada una de las gracias generosamente otorgadas. Nada se podrá objetar hasta conocer dichos expedientes individuales.

Dando por despejadas las dudas y suponiendo aceptable el trabajo de las asesorías jurídicas del Gobierno, cabe preguntarse si lo discutible en cualquier delito de otra naturaleza es equiparable a estos delitos que atentan contra la unidad de la patria y su sistema constitucional. ¿Es correcto que un gobierno democrático proponga a su Rey como jefe del Estado que rubrique el indulto de unos delincuentes que han actuado contra la permanencia de la unidad nacional cuando no se da arrepentimiento sino jactancia de volver a repetir acciones similares por aquellos a los que se indulta? Es evidente que no es aparentemente correcto, aunque pueda adornarse con cuantos argumentos de conveniencia se puedan alegar, entre los que se encuentra, de forma indisimulable, el interés del gobernante en prorrogar el apoyo parlamentario que le prestan los partidos secesionistas y republicanos. Existe una falta de sensibilidad y de lealtad institucional en el comportamiento del presidente Pedro Sánchez que no se corresponde con la elegancia y la limpia neutralidad constitucional con que se comporta en todo momento Felipe V. La historia, en un futuro, escribirá la última palabra sobre estos tristes episodios nacionales, aunque los recursos contra los indultos duerman mucho más tiempo en las carpetas que los prisioneros en las cárceles. Un humo negruzco oscurece esa “fumata bianca” que Sánchez pretende vender como magnánima aunque apesta a indignidad y a rendición. Aún peor sería decir que huele a compraventa. Pero, aun así, sería disimular la estupidez del canje porque los beneficiarios se han apresurado a decir que los indultos no les valen antes de que hayan sido concedidos. Lo que exigen es amnistía y autodeterminación. Lo que Sánchez no puede darles hoy aunque no sabemos de lo que será capaz mañana. De momento hay que suponer que el precio de los indultos lo van a pagar los beneficiados en criptomonedas.
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