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Declaración de contundencia

martes 03 de octubre de 2017, 10:55h

Pasó lo que tenía que pasar. Que no quiere decir que fuese lo que debía de pasar si se hubiese ejercido una labor preventiva desde mucho antes. Pero, a partir de ahora, se abrió un escenario diferente en el que los traidores están marcados como tales y los lentos y pasivos denunciados por sus pecados de omisión, incomprensibles desde aquellos días de las urnas de cartón que pronosticaban estas urnas de plástico. Tropezaron dos veces en la misma piedra con deficientes servicios de inteligencia o, lo que sería peor, sin aplicar la inteligencia a la acción gubernativa. ¿Pero qué servicios de inteligencia tiene España que no detectaron con antelación cuál iba a ser la actuación de los Mossos d'Esquadra en un escenario conflictivo?

Lo que no es decente en estos días es reclamar diálogo con quienes rompieron todos los puentes de la legalidad y de la lealtad y provocaron un disparatado rifirrafe entre autoridades del mismo Estado y sin desposeer de su rango a quienes se revolvieron contra la propia Constitución en nombre de la cual ostentan sus títulos. Son actores de delincuencia fragrante sobre cuyas conductas encajan las figuras delictivas de sedición y rebelión. Los lentos reflejos del Gobierno dan impresión de desconcierto y cobardía. Pero tal Gobierno es el que tenemos y aquel a que el destino puso en la encrucijada de defender la integridad de su soberanía en esta coyuntura sin posibilidad ninguna de ser sustituido por nada mejor mientras dure la tormenta. Por tanto es aquel Gobierno que debe ser apoyado por todos sin medias tintas, sin mengua de tomar buena nota de sus deficiencias cara a un futuro. Ese Gobierno debe de ser capaz de operar con todos los instrumentos permisibles y debe ser capaz de demandar el apoyo del pueblo a su gestión por los procedimientos legales a su alcance, incluyendo convocatorias electorales de dimensión nacional, si no obtiene el apoyo parlamentario exigible de unos líderes que actúan como depositarios de una voluntad popular que fue obtenida en tiempo pasado y en circunstancias distintas. El equipo de Puigdemont, Junqueras y Forcadell no puede seguir siendo considerado como interlocutor válido para ninguna negociación sino como objeto de acusación. Tampoco es posible pedir cuentas a los Mossos d'Esquadra ni pedir disculpas a ciudadanos lastimados por las fuerzas de seguridad del Estado mientras siguen refugiados en sus cargos torticeramente desempeñados estos personajes esperpénticos que han promovido una farsa denigrante para Cataluña y para España. Los protagonistas del desafío al sistema constitucional de una nación europea no pueden sentirse libres de cargos como si hubiesen obtenido un triunfo frente al Derecho nacional e internacional. No pueden seguir enredando desde medios informativos corrompidos y desde sus ridículas oficinas exteriores apodadas "embajadas". El buenismo mórbido que afecta a tantos ingenuos cada vez que la ley se enfrenta a la subversión no puede seguir embaucando con su palabrería sobre procesos imaginativos y negociaciones sin precisar.

Hay un Gobierno que, mal que le pese y aunque no lo merezca, sufrirá los daños de un conflicto mal conducido y obtendrá los apoyos necesarios al ser el contrapeso imprescindible para hacer que la balanza de la justicia se incline del lado que corresponda. Quienes planearon y escenificaron un golpe de Estado antidemocrático deben ser irremisiblemente derrotados. Tienen que ser vencidos y no pueden ser otra cosa como consecuencia de su conducta. El relato separatista no puede seguir amparado por una apariencia de poder territorial que nunca fue legitimado para ejercer una falsa pretensión de soberanía. Es verdad que cuando sean vencidos vendrán otros, quizá con pretensiones parecidas, algún día. Pero este futurible fatalista no justifica que hoy en día quienes asumieron sus cargos con falsas promesas de lealtad puedan seguir esparciendo su veneno desde los estrados de un poder territorial traicionado.

Reconducir la situación como si nada hubiese sucedido sería recompensar a los cabecillas de la sedición con el trofeo de la legitimidad. Los españoles, acostumbrados a ver la implacabilidad de la justicia sentando en el banquillo a los imputados por conductas poco ejemplares, fuesen tirios o troyanos, no pueden soportar que los sediciosos campen impunes tras desafiar a todos los poderes del Estado. Un gobierno acobardado sería el anuncio del suicidio de un sistema. Ante los preparativos de una irreal y arbitraria declaración de independencia el pueblo español tiene derecho a reclamar y reclama una declaración de contundencia por parte de los titulares de los poderes del Estado. No es admisible que los desafíos a la legalidad por procedimientos tumultuarios sigan sin respuesta ni que las traiciones sigan sin castigo.

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