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Indignación y desengaño

miércoles 16 de mayo de 2018, 11:05h

Indignación y desengaño es lo que sienten la mayor parte de los españoles, incluidos quienes se sienten españoles en Cataluña y cualquier espectador correcto al contemplar el erróneo e ineficaz uso que se ha hecho del poder que le fue conferido al Gobierno con escrúpulos de los partidos constitucionales para aplicar, con el respaldo del Senado, el Artículo 115 de la Constitución que era para aplicar “las medidas necesarias” para restaurar la legalidad en Cataluña. Las medidas se han reducido a deponer un Gobierno autonómico y contemplar cómo los tribunales de Justicia ejercían sus competencias como poder independiente. Pero la política no solo consiste en autos judiciales sino en acciones de movilización y comunicación, hacia dentro y hacia afuera, capaces de mantener y de estimular un ánimo colectivo en favor de la unidad y la legalidad.

Los españoles aprobaron sin reservas y subrayaron con banderas y manifestaciones su apoyo a una intervención que no debía haber terminado como terminará con la toma de posesión de un presidente de la Generalidad provocativo y delegado del anterior presidente que fue capaz de sortear la vigilancia a la que debió haber sido sometido. En las elecciones catalanas se produjo el hecho sin precedentes de que un partido españolista fuese el más votado de Cataluña. En el conjunto de España las encuestas de diverso origen demuestran que la integridad del sistema constitucional vigente es la opción permanente que predomina en el electorado. Los españoles han afrontado la crisis política abierta por los políticos independentistas con serenidad y sin extremismos. Han demostrado que una cosa es la rivalidad entre los partidos que luchan entre sí como equipos de futbol para posicionarse en la liga de campeones y otra las tendencias de fondo de un pueblo que medita las conveniencias del interés general. Conceptos como voto útil, coaliciones, consenso, moderación, etc, pesan en el ánimo de los electores mayoritariamente ajenos a la presión de las militancias y a la rigidez de los encuadramientos. No son gentes indecisas sino independientes y flexibles a las que no se puede exigir fidelidad a una marca o a una persona sino a unos principios esenciales. Son gentes que actúan de acuerdo con lo que consideran mejor para la sociedad de que forman parte y no están al servicio de la ambición personal o de grupo de cada formación política.

En tiempo distante, sin los estímulos de las campañas electorales ni temor a sus consecuencias definitivas, las encuestas vienen señalando la madurez de un pueblo a pesar de la contemplación de espectáculos poco edificantes. Desde un punto de vista constitucional, los tres partidos tenidos por nacionales -PP, Ciudadanos, PSOE- mantienen esa abrumadora mayoría conforme con permanecer dentro de la legalidad democrática y sitúan en un rincón a la pasión antisistema agrupada en Podemos y al mosaico de nacionalismos, separatismos y particularismos diversos. El voto hípermayoritario está instalado holgadamente dentro del marco de la legalidad establecida.

Desde el punto de vista de las ideas, está claro que la mayoría popular tiende a una orientación de centro-derecha con preferencia a una inclinación convulsiva contaminada por la extrema izquierda. Aunque algunos teman un conflicto teórico entre un centro-derecha natural y una izquierda antidemocrática, las cuentas se quedan como están desde que entró en juego el pluralismo y la libertad. Hay que comprender que para el interés general da lo mismo un Gobierno PP-CS que un Gobierno CS‑PP, pero no sería lo mismo un Gobierno inimaginable en que el PSOE concibiese la locura de confabularse con la tropa situada más a su izquierda o hacia las formaciones desintegradoras de la unidad nacional. El entendimiento en asuntos de Estado entre Sánchez y Rajoy aunque haya sido insuficiente para aplicar con eficacia el Artículo 155, sí es suficiente para alejar el fantasma de la traición al bien común.

Entre nosotros somos propicios a autoflagelarnos con las calamidades que afectan a nuestra patria y a considerar maravillosos y ejemplares a gobernantes extranjeros. Se suele admirar, por ejemplo, el pacto de los alemanes y las virtudes de la señora Merkel y su capacidad para conciliar democristianos y socialistas en su Gobierno de coalición. Pues bien, ello significa la desvirtuación de los principios del partido de la señora Merkel y la dificultad de los alemanes para definirse en una línea más conveniente para su economía y su política exterior. Su coalición viene forzada por la división política de los alemanes. Para sí quisiera la señora Merkel que su necesidad de coalición fuese factible por dos partidos del mismo perfil sociológico como el que aquí comparten PP y CS. No digamos si nos refiriésemos a los caprichos del extravagante electorado italiano o a la improvisación ambigua con que está teniendo que moverse en Francia el presidente Macron.

El horizonte aún lejano de unas elecciones vista desde estos momentos horrorosos para la imagen del partido gobernante en España solo abona la necesidad de que PP y CS se entiendan por muchos improperios que se prodiguen en sus disputas de vecindario. Este entendimiento en cifras parlamentarias, que no son lo mismo que las cifras aritméticas de las encuestas sino sus consecuencias en escaños, apunta a una evidente mayoría del centro-derecha. Una perspectiva que para sí quisieran otros países europeos de nuestro entorno a los que los españoles acostumbran a admirar con una reverencia paleta, como si fuesen maestros de la seriedad y la estabilidad. España cuenta con una población madura y consciente y los políticos deben de servirla como se merece. En España todo podría marchar mejor si los políticos fuesen tan sensatos como el pueblo que dicen representar. Si las cosas en Cataluña han ido a peor no será por falta de madurez y respaldo del pueblo sino por falta de calidad y eficacia de los políticos.

Los partidos se equivocan de enemigo cuando se dedican a la descalificación de sus competidores dentro del sistema con los que tendrán que contar necesariamente para defender políticas de Estado. Las refriegas entre el Partido Popular y Ciudadanos son errores de táctica que perjudican a la reputación de ambos provocando trasvases inútiles de votos volátiles dentro de la misma orientación centro‑derechista. La tibia y recelosa cooperación entre los tres partidos constitucionalistas -PP, CS, PSOE- frente al conflicto catalán no solo ha restado eficacia y contundencia a la acción del Estado sino que ha dañado al prestigio de los tres dentro y fuera de Cataluña. Es ceguera creer que el electorado se estimula con una hostilidad innecesaria que exagera las distancias y minimiza los acuerdos. La madurez del pueblo español es superior a las rencillas del partidismo.

La indignación y el desengaño se extienden viendo a punto de recuperar los instrumentos de intoxicación y chantaje a los monaguillos de los sediciosos fugados y contemplando una viciada toma de posesión de Quim Torra sin la mínima apariencia de lealtad constitucional. Esta investidura descubre la falta de liderazgo del Gobierno y de los tres partidos constitucionalistas para defender en Cataluña la unidad de la nación. El Gobierno ha dado la impresión de estar más interesado en la aprobación de los Presupuestos que en la españolidad de Cataluña. Un presidente delegado que proclama su propósito de destruir al Estado de Derecho accede sin cortapisas al mando de una región mientras millones de españoles, entre los que se cuentan más de la mitad de los catalanes, se sienten decepcionados y humillados porque no se les explica por qué no se ejercieron “las medidas necesarias” a que autorizaba el Artículo 155 para restablecer la neutralidad en los medios públicos de comunicación al servicio del separatismo o poner orden en las filas desleales a la Constitución de la policía autonómica. Estos españoles difícilmente comprenden que no se haya impedido participar en elecciones autonómicas a partidos que exhiben programas y propósitos de destruir el Estado bajo cuyas garantías se amparan. Esto sucede a pesar de saber que el pueblo español, en su conjunto, mantiene su confianza absoluta en la integridad constitucional en todos los sondeos y en todas las ocasiones en que se le pide.

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