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Ética y aritmética electoral

miércoles 14 de septiembre de 2016, 10:28h

El tan evidente bloqueo a que está sometida la formación de gobierno en España no es un problema de fondo político que afecte al espíritu del sistema constitucional sino una vulgar consecuencia de una inercia legislativa y reglamentaria que no ha modificado y actualizado las previsibles circunstancias coyunturales que hoy entorpecen el normal desarrollo de una investidura.

El primer obstáculo que entorpece la elección presidencial por el Congreso de los Diputados es la disposición reglamentaria de que dicha elección se realice mediante votación pública mediante llamada. Bastaría que se dispusiese reglamentariamente que la elección fuese mediante votación secreta para permitir que los diputados, liberados de la presión disciplinaria de su grupo, pudieran ejercer su derecho de acuerdo a conciencia, para que, previsiblemente, una toma de posición más plural, de acuerdo con lo que piensan, en este caso, en el ámbito privado, para que el resultado de la votación no pudiese ser manejado como instrumento de bloqueo por la dirección de un partido.

El segundo obstáculo a superar sería que, tras los intentos de investidura fallidos en una primera vuelta y sin posibilidad de acuerdo de mayoría simple, no se pasase a convocar otras nuevas elecciones de resultado previsiblemente repetitivo, sino que se estableciese una segunda vuelta en la que solo se votasen entre los dos candidatos que hubiesen obtenido el primer y segundo puesto anteriormente. De este modo la totalidad de la Cámara se vería forzada a elegir según sus afinidades relativas y más allá de los estrictos cupos partidistas.

El tercer obstáculo, a efectos de la regeneración y autentificación de los cuadros personales, dando más peso al criterio de la opinión popular y venciendo a las pretensiones endogámicas de los partidos, sería que las listas de aspirantes a escaño en el Congreso fuesen, como los del Senado, impresas en papeleta única y con capacidad de tachar o sustituir entre los candidatos propuestos a aquellos que no mereciesen la confianza, según el criterio de los electores de cada circunscripción. Es evidente que, en cada circunscripción, se producen conocimientos e informaciones suficientes para que los votantes puedan expresar sus preferencias y los elegibles temer las consecuencias de su fama pública más allá de una contaminación estrictamente delictiva, como consecuencia de su crédito o de la “vox populi” sobre su conducta. No es válido argumentar que con este procedimiento se elegirían a los mismos propuestos por cada partido. Si así fuese sería señal de asentimiento y de que estaban correctamente escogidos. Pero es evidente que algunos no resistirían “la prueba del algodón”.

Todas estas medidas no exigen compromisos ideológicos sino retoques necesarios de la normativa que serían perfectamente asumibles con un ánimo colectivo de regenerar el procedimiento y evitar los bloqueos matemáticos y el enrarecimiento moral de la desconfianza. Este tipo de medidas no son aplicables hoy al engorroso bloqueo que padecemos. Pero debieran ser un punto de acuerdo, a la vista de las dificultades, para evitar en el futuro que puedan repetirse unas circunstancias tan lamentables para el funcionamiento del sistema como las que estamos viviendo. No existe situación alguna de rechazo al sistema vigente, ni movimientos subversivos de fondo en la población, ni amenazas estimables de violencia en la calle. La nación funciona económica, cultural e internacionalmente sin alterarse, hasta ahora, soportando la incomodidad provocada por la incapacidad de decidir oportunamente del poder ejecutivo. Se está perdiendo el tiempo político pero no la sensatez del pueblo laborioso y pacífico. Los responsables políticos están a tiempo de corregir, cara al futuro, los simples obstáculos creados por la mala aritmética y la mala selección ética de algunos políticos. Los problemas, por ahora, no son de fondo sino de forma.

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