Doble moral

El gobierno de la nación ha iniciado recientemente una campaña política, mediática y judicial contra la Iglesia católica española encaminada a hacer de ésta la cabeza de turco de un fenómeno deleznable en nuestra sociedad, el de la pederastia, es decir, el de los abusos sexuales a menores.

A ella se ha sumado, diligente y obediente al tiempo, la fiscal general del Estado y ex ministra Dolores Delgado que ha pedido a los 17 fiscales superiores de las distintas comunidades autónomas que le remitan las denuncias o querellas que estén en curso sobre toda supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad “en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa”.

La campaña ha dado un paso más al sumarse el PSOE en el Congreso a una iniciativa de Unidas Podemos, ERC y Bildu para crear una comisión de investigación al respecto, aunque no ha llegado al pleno porque ahora el partido del gobierno parece más inclinado a secundar al PNV, que piensa que es mejor que esa comisión sea de expertos y que esté presidida por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Sería muy extraño que en la reciente reunión Gobierno-Iglesia, en la que participaron tanto el presidente Sánchez como el cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, no se tratase -brevemente al menos-, el tema de los abusos a menores, además del que parecía objeto principal del encuentro, la revisión pormenorizada de los bienes inmuebles inmatriculados a nombre de la Iglesia.

A juzgar por los hechos, lo cierto es que el gobierno español no parece satisfecho aunque vea que la lucha de la Iglesia contra los abusos sexuales venga ejerciéndose con decisión, contundencia y claridad al menos en los tres últimos pontificados, los de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Los tres Papas han mostrado expresamente y con medidas concretas su decisión de acabar con la impunidad de los sacerdotes y eclesiásticos que hayan podido abusar sexualmente de menores y han pedido perdón públicamente en nombre de la Iglesia por esos hechos, y se ha impuesto la tolerancia cero de la institución en ese terreno.

La Conferencia Episcopal española concretó este camino con la creación de una comisión específica sobre abusos hace ya unos años, cuyo modelo ha sido seguido por otras conferencias episcopales de países europeos.

La actitud de la izquierda política parece que está más orientada a la persecución de la Iglesia que a la de poner verdaderamente las trabas y los mecanismos necesarios para que todo tipo de abusos sexuales desaparezcan de una vez por todas de todos los ámbitos de la sociedad y no solo del seno de la Iglesia católica.

Y digo esto porque de las, al menos, 6.000 denuncias anuales que, según la organización Save The Children, se producen en España, y de los casos examinados por la fundación ANAR entre 2009 y 2019, ocho de cada diez lo son en el entorno de las víctimas (padres, abuelos, hermanos y hermanas, padrastros, madrastras y hermanastros, tíos, sobrinos, amigos de la familia). En segundo término, figuran también los producidos en el entorno escolar (profesores, monitores deportivos y de ocio), o en las redes sociales.

Las dudas que surgen , pues, son lógicas: ¿por qué reducir la investigación sobre abusos sexuales a menores exclusivamente al entorno de la Iglesia, que representa un porcentaje menor al 1 por ciento del total?, ¿por qué no ampliarla también a los abusos conocidos en los últimos meses a centros de tutela de menores, de responsabilidad pública, para predicar con el ejemplo?, ¿no será que los poderes públicos quieren desplazar el foco del problema hacia una parte del todo, los ocurridos en el seno de la Iglesia, para salvar las posibles responsabilidades de figuras políticas públicas presuntamente implicadas en este pantanoso y deleznable terreno?

Mientras no obtengamos respuestas claras y concretas a estas preguntas, tenemos que seguir pensando que las iniciativas surgidas sobre este tema desde el gobierno y orientadas específicamente contra la Iglesia católica son, verdaderamente, toda una campaña política, mediática y judicial.