Dentro de 15 años, como quién dice ahí, a la vuelta de la esquina, uno de cada cuatro españoles tendrá 65 años o más. Son proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) que debieran hacer saltar de una vez las alarmas del gobierno para implementar políticas que incentiven la natalidad, por un lado, y a animar a los españoles de más de 45 o 50 años a que suscriban planes privados de pensiones con los que poder complementar la jubilación que pudiera corresponderles en su día a través de la Seguridad Social.
Lo cierto, sin embargo, es que España es uno de los países de la UE que menos ayuda a los padres jóvenes con cantidades económicas que les animen o incentiven a tener y a criar dos o más hijos, el mínimo para que la pirámide de población no se invierta. Y, además, y por el lado contrario, se están eliminando las deducciones fiscales para aquellos que puedan hacer un esfuerzo e invertir en sus propios planes privados de jubilación para complementar la pensión pública.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Social son los trabajadores actuales los que están financiando las pensiones de aquellos otros que han llegado ya a la edad de jubilación. Pero, de seguir esta tendencia, es decir, que continúe disminuyendo el número de nacimientos en España, queda muy poco tiempo para que las futuras generaciones tengan asegurada también la financiación de las suyas.
Los planes privados de pensiones son instrumentos financieros pensados para ahorrar a largo plazo que, al menos hasta la fecha, tenían la ventaja fiscal de poder deducir esas aportaciones en la declaración del IRPF a la que estamos obligados anualmente todos los españoles que contamos con ingresos. La desventaja es que las cantidades aportadas a esos planes no se pueden rescatar hasta el momento de la jubilación, salvo casos excepcionales y de fuerza mayor. Pero, según estudios recientes sobre ellos, tres de cada cuatro personas en España siguen sin ahorrar un solo euro para poder complementar su jubilación.
La tendencia está muy clara y de ahí la cada vez más urgente necesidad de aplicar políticas que modifiquen la situación actual. La población mayor de 65 años suponía el 10,2% del total en 1975. Hoy es casi el doble y en 2035 –como ya se ha dicho- prácticamente va a llegar al 26,5%.
El problema es aún más acuciante porque hay diferencias radicales respecto a la forma de afrontar el problema en el propio seno del gobierno Sánchez. La visión de la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, difiere frontalmente con la de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Mientras que la primera es más partidaria de soluciones clásicas -liberales o socialdemócratas-, que combinen las pensiones públicas con los incentivos a los esfuerzos privados a través de planes de pensiones o de planes de empleo (estos últimos mucho menos extendidos en España que los primeros), Yolanda Díaz recela de este tipo de instrumentos privados de ahorro a largo plazo.
Y, por el otro extremo del problema, el de la bajísima natalidad, no parece que tampoco el gobierno Sánchez mueva ficha, al menos con la adopción de medidas políticas de apoyo a la natalidad con ayudas financieras. Por el momento se ha quedado en sucesivas ampliaciones y extensión de permisos a los padres. Por eso es interesante el anuncio que Isabel Díaz Ayuso hizo durante su proceso de investidura tras las elecciones celebradas el pasado 4 de mayo, según el cual su gobierno se comprometía a fomentar la natalidad con una ayuda por hijo, a partir de 2022, de 14.500 euros (a razón de 500 euros mensuales desde el quinto mes de embarazo hasta que el niño tenga dos años) para las mujeres menores de 30 años empadronadas en la Comunidad de Madrid desde hace 10 años y que ganen menos de 30.000 euros anuales. La medida, que beneficiaría a entre 12 000 y 14 000 mujeres, según cifra el Ejecutivo madrileño, ha suscitado una importante polémica con los partidos de oposición, pero, al menos, tiene la virtualidad de ser una propuesta concreta e inmediata. Con las reflexiones y análisis previos y luego con los debates correspondientes, por supuesto, pero este es ya el único camino a recorrer para intentar subvertir la tendencia creciente de disminución del número de nacimientos y de prolongación de la esperanza de vida de los españoles. Hay problemas que ya no pueden esperar ni un solo día más.
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