Las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania por parte de Rusia van a ser devastadoras para la economía mundial. Todos, más pronto que tarde, vamos a notarlo en nuestros propios bolsillos. Al desplome de las bolsas, a la subida imparable de la energía (gas, electricidad y petróleo), seguirá una inflación galopante que nos va a complicar la vida a empresas y particulares. Probablemente, a una de las empresas que más perjudique el conflicto sea a Inditex. Una razón más para salir en defensa de la empresa española y de la figura de su fundador, Amancio Ortega.
La secretaria de Organización de Unidas Podemos, Lilith Verstrynge, calificaba en Twitter en octubre de 2021 a Amancio Ortega como “un evasor fiscal, no un filántropo”, a raíz de la donación de la fundación creada por el empresario gallego al Ministerio de Sanidad español de diversos equipos de protonterapia, los tratamientos más avanzados contra el cáncer, por valor de 280 millones de euros. Su compañero de filas y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tampoco ha desaprovechado ocasión alguna para referirse a Ortega como evasor habitual del fisco español a través de sociedades pantalla.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no participa del parecer de sus socios de gobierno cuando aceptó encantado presidir la presentación del Plan. Eso sí, sin desaprovechar tampoco la oportunidad de esconder en mitad de la nota de prensa emitida por Moncloa que toda esa tecnología era fruto de una donación del presidente de Inditex. El titular de la nota de prensa emitida por Moncloa era “Sánchez presenta un Plan de Implantación de la Protonterapia que nos situará a la cabeza de Europa en este tipo de tratamientos contra el cáncer".
Los primeros equipos de protonterapia llegaron a España en 2019 y, hasta ahora, solo el grupo privado Quirón Salud y la Clínica de Navarra eran los únicos lugares de España donde se podía recibir este tipo de tratamiento, por lo que los pacientes necesitados de él dependían de que los sistemas públicos de salud los derivaran a estas clínicas o debían marcharse al extranjero.
“Es una gran suerte que la Fundación Amancio Ortega haya hecho esta donación”. La afirmación es de la Dra. Enriqueta Felip, jefa de sección de Oncología Médica en el Hospital Vall d'Hebron y presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica. Es lógico que así sea porque toda ayuda es poca para atender a los enfermos actuales de cáncer, y a los más de 280 000 que serán diagnosticados de esta enfermedad en España durante 2022, una circunstancia que unida a la alta edad media de los oncólogos en ejercicio, exige al sistema nacional de salud la incorporación de 120 a 150 oncólogos nuevos anuales durante los próximos años.
En estas circunstancias y habida cuenta de que, a excepción de los partidos de extrema izquierda, nadie pone en solfa la convivencia en nuestro país de la medicina pública y la privada, son especialmente sorprendentes ataques sistemáticos de Unidas Podemos contra figuras como la de Amancio Ortega. Los hubo antes, durante y los hay también ahora, al final de la sexta ola de la pandemia que ha puesto, una vez más, de manifiesto que la cooperación médica es imprescindible.
Ser rico, al parecer, es un pecado imperdonable para esta nueva Inquisición en la que se ha convertido la izquierda radical que, en lugar de quemar a sus condenados, prefieren lincharlos en la plaza pública de las redes, ese espacio de señalamientos, de siembra de odios y acusaciones con o sin fundamento. Las únicas excepciones del pecado de enriquecerse están, al parecer, en las filas moradas, en donde nadie ha criticado que algunos de sus líderes -el matrimonio Iglesias Montero, por ejemplo-, hayan multiplicado por 7 su patrimonio en solo dos años, circunstancia que probablemente no alcanzará a conseguir la práctica totalidad de las bases que los sustentan en toda su vida laboral.
Las diferencias programáticas de las dos facciones del gobierno Sánchez van a ir marcándose cada vez con mayor nitidez a medida que se vaya acercando la fecha de celebración de unas nuevas elecciones generales. Si la parte morada cree que habría que eliminar toda actividad económica o profesional privada, convendría que lo dijera clara y expresamente para que así el pueblo español -que ya ha dado serios toques en lo que a la representatividad morada se refiere, en las últimas autonómicas del País Vasco, Galicia, Madrid y Castilla y León-, tengan ahora un elemento más de juicio a la hora de apoyar o no sus propuestas políticas.
En caso contrario, y dado que forman parte del gobierno de la nación y que aún cuentan con una representatividad considerable en el Congreso y en el Senado, pueden utilizar los resortes legislativos correspondientes para modificar la fiscalidad de grandes, pequeñas y medianas fortunas de este país para hacerla más justa pero que, por favor, se acabe ya el insulto a personas cuyo delito mayor es el de contribuir a crear riqueza y empleo en España y fuera de ella.
Si (
No(
