El Tribunal Supremo ha confirmado hace solo unas semanas los duros fallos dictados en su día por la Audiencia Provincial de Sevilla. Ha condenado a la pena de seis años de prisión a José Antonio Griñán, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, por malversación multimillonaria -casi 700 millones de €-, de caudales públicos de los ERE en Andalucía, el mayor caso de corrupción en la historia de España.
Con él han sido condenados también por la Sala de lo Penal del Supremo, aunque a penas mucho menos graves por delitos de prevaricación y fraude, Manuel Chaves y otro par de decenas más de altos cargos de la Junta, necesarios colaboradores para que esos casi 700 millones de euros defraudados pudieran salir sin control de las cuentas públicas de la comunidad autónoma andaluza.
Del celo que puso Pedro Sánchez en denunciar la corrupción partidista habla por sí solo el hecho de que fue precisamente una de las denuncias contra el PP y Rajoy la gota que colmó el vaso para que este último fuera batido por la moción de censura que presentó Sánchez en el Congreso de los Diputados, y que está en la memoria de todos.
Pero, además, también llevó en 2015 al Congreso, apenas un año después de alcanzar la secretaría del partido, una iniciativa parlamentaria para que en ningún caso se procediera a «la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero»
Si no para ser justos, sí al menos totalmente claros, esa iniciativa debiera de haber terminado diciendo, más o menos, que eso es así, “salvo que el condenado sea socialista, o forme parte de alguno de los partidos que sostienen al gobierno Frankenstein”. Ese es el caso de Griñán, y lo fue también de los nacionalistas catalanes de ERC y partidos afines condenados por el golpe del 1-O.
El cinismo del presidente del gobierno y secretario general del PSOE, así como de todos aquellos compañeros de filas que secundan la más que probable iniciativa del gobierno de aceptar un posible indulto para Griñán, debiera extenderse también al resto de los dirigentes condenados por idénticos hechos, pero con un grado de responsabilidad muchísimo menor.
Luego, lo de explicarlo al ciudadano –incluso al votante del PSOE-, es ya harina de otro costal. Como influirá esa decisión en la opinión pública, de producirse ese indulto, ya se encargarán las urnas de demostrarlo dentro de unos meses, en las primeras votaciones a escala nacional que se lleven a cabo –las municipales y también autonómicas en varias comunidades, en la próxima primavera-.
Con todo, no sería eso lo más grave, de seguir adelante y por este camino. Lo de que “en España la ley se cumple”, que le lanzó el presidente a Díaz Ayuso ante una posible insumisión de la presidenta madrileña ante el decreto-ley de medidas conducentes al ahorro energético, redunda más en la línea de que esa máxima solo toca a unos pocos.
De ella, según se ve, están exentos los separatistas catalanes, que se pasan las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo por el arco del triunfo, y sin que un solo miembro del gobierno se atreva a afearles la conducta, ni siquiera soto voce. Y, por lo que vamos a ver, tampoco para los dirigentes socialistas condenados por sentencia, nada más y nada menos, que del Tribunal Supremo.
Ergo “no todos somos iguales ante la ley”. Ni ciudadanos, ni partidos. Parece que unos pueden y deben ser condenados por delitos de corrupción, pero cuando esta es cometida por cercanos al gobierno socialista, se puede mirar para otro lado y, en todo caso, sacar a colación aquello de “pelillos -socialistas e independentistas- a la mar”.
Si (
No(
