Juegos peligrosos

La decisión adoptada días pasados por los accionistas de Ferrovial en junta general de trasladar finalmente la sede social de la compañía española a Países Bajos, ha puesto final al primer asalto de un combate inusual entre La compañía y el gobierno de España.

La misma vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha sido la fragata lanzada por el Gobierno contra Ferrovial por su anunciada decisión de trasladarse a la antigua Holanda. El enfrentamiento ha sido derivado por parte de Calviño al ámbito del patriotismo o, más bien, a su falta en Ferrovial, primero con advertencias y más tarde con amenazas fiscales. No son los primeros ni los únicos gestos protagonizados por miembros del gobierno de Pedro Sánchez (al que, por cierto, también le faltó tiempo para atacar incluso personalmente al presidente de la constructora española). Recordemos aquí las altisonantes declaraciones de hostilidad lanzadas también por otros miembros del ejecutivo contra multinacionales como Mercadona o Inditex , dos ejemplos de emprendimiento ejemplares de nuestro país que han propiciado la creación de miles y miles de puestos de trabajo y, por tanto, de contribuir fiscalmente a engrosar las cuentas del estado.

Además de gestos hostiles como estos, hay también datos objetivos que hablan de que la ayuda a las empresas no son precisamente uno de los objetivos prioritarios del gobierno Sánchez: subida de impuestos, incremento del salario mínimo interprofesional sin acuerdos con la patronal, acuerdos unilaterales que provocan inseguridad jurídica entre los emprendedores, etc. Y, por si eso fuera poco, señalemos también que, solo en 2022, han cerrado en España más de 26.000 empresas, el peor dato en los últimos 25 años.

Uno ya no sabe , aunque se lo teme, si esto no es más que una nueva intentona del gobierno Sánchez por desviar la atención del ciudadano español por lo que de verdad importa, los 1.000 beneficiados ya por la aplicación de la Ley del “solo sí es sí”, o es que de verdad el ejecutivo se ha vuelto loco y, a las puertas de presidir durante el segundo semestre de este año la UE, se lanza como un kamikaze contra Ferrovial a costa de ignorar uno de los principios básicos sobre los que se ha construido la Unión, el de la libertad de movimiento de personas y capitales. Y, paralelamente, tampoco entiendo la pasividad de Bruselas para investigar en serio las maniobras del gobierno español para retener a Ferrovial en España atentando contra la libertad de empresa.

Me inclino a pensar, sin embargo, que este sigue siendo otro más de los múltiples fuegos de artificio lanzados desde Moncloa para intentar ocultar los efectos devastadores de una Ley que –lo recuerdo de nuevo–, era presentada por Pedro Sánchez como el modelo feminista que iba a copiar el mundo entero. Al final, ya se ve, el haber hecho oídos sordos a los informes provenientes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial, ha traído como consecuencia las excarcelaciones de casi un centenar de condenados por delitos sexuales y la rebaja de penas a un millar más. Y, claro está, el escándalo provocado en la opinión pública tanto por la enésima barbaridad de este gobierno fallido, como por las consecuencias generadas por ella que, en un país de nuestro entorno (Alemania, Gran Bretaña, Francia, Suecia o Italia, pongamos por caso), habrían bastado para que dimitiese el gobierno en pleno y convocase nuevas elecciones generales para someterse a la confianza de los ciudadanos.

Cuando al gobierno de coalición le convenía despenalizar el delito de sedición en favor de los políticos catalanes del Procés, le sobraron arrestos y prisas para hacerlo. Ahora, sin embargo, llevamos ya meses esperando una rectificación, un reconocimiento de la metedura de pata, un cese, algunas dimisiones, y aquí seguimos, observando perplejos las rebajas de penas, las excarcelaciones y la huída por pies y el hazmerreir provocado entre los demás gobiernos democráticos del mundo, esos que iban a imitar corriendo una ley tan perfecta, tan guay, tan ejemplar.

Son las consecuencias de seguir practicando estos juegos tan sorprendentes como peligrosos para alterar las reglas legales que hemos tenido durante décadas y que ahora, por las razones de conveniencia política que sean, el gobierno va cambiando poco a poco. Luego no debiera extrañarse de que empresas y particulares defiendan lo que entienden como suyo. Las primeras variando, si así lo consideran, su sede social, los segundos, los ciudadanos, revalidando o rechazando su confianza en las próximas elecciones.