La suerte está echada

Si la democracia es el régimen opuesto a la autocracia (la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley), todos los demócratas tenemos el deber de defenderla cívica y pacíficamente, con razones y argumentos, no con imposiciones, con trágalas o mentiras sistemáticas como suele utilizar el autócrata. Y si España aún no es de hecho un régimen tiránico va por muy buen camino para acabar siéndolo más pronto que tarde.

La dichosa Ley de Amnistía, tramitada con carácter de urgencia, que el PSOE, con ayuda de nacionalistas de todo pelaje y Sumar nos quieren imponer, va a ser el comienzo del final del Régimen del 78, el de la Constitución, el de la igualdad entre todos los españoles, el de la separación de poderes, a través de una impugnación por la puerta de atrás del Estado democrático de derecho.

La única certidumbre que los españoles tenemos para los próximos años, una vez confirmada la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, con el apoyo de 179 votos de sus señorías (PSOE, Sumar, ERC, JxC, PNV y demás aliados nacionalistas, incluida Coalición Canaria, que antes apoyara también la investidura de Núñez Feijóo), es que entramos en la mayor etapa de incertidumbre para una democracia –la del 78–, que está a punto de cumplir 45 años, los coincidentes con la etapa de mayor progreso político, social y económico de este país, al menos en los dos últimos siglos.

Negar la evidencia es de estúpidos, así es que estarán conmigo en que, desde la aprobación de nuestra Constitución, este es el momento de mayor peligro para que se desdibujen tanto el marco constitucional como la convivencia y la prosperidad de todos los españoles. Y todo por un presidente que no tiene reparo alguno en poner por encima sus personales ambiciones de poder frente a la defensa del imperio, de la ley por la que hoy abogan instituciones de todo tipo que ven en esa futura Ley de Amnistía que se nos viene encima y que ha sido impuesta por un prófugo de la Justicia desde Waterloo porque sabe perfectamente que tiene agarrado al presidente por salve sea la parte.

Bochornoso espectáculo el que hemos visto en el Congreso el miércoles y jueves pasados mientras el candidato a la presidencia del gobierno y el portavoz de su grupo parlamentario, Patxi López, atacaban con saña y con ausencia total de respeto institucional a los integrantes del PP –no olvidemos que ha sido el partido más votado en las elecciones generales del pasado mes de julio, y aún más en las autonómicas y municipales de mayo anterior–, y el resto de partidos que no iban a votar al candidato tomando por fachas tanto a ellos como a los cientos de miles de ciudadanos que salieron a las calles de toda España los pasados días 12 y 18 de noviembre para manifestarse contra esta Ley de Amnistía, es decir, esta ley de impunidad a la carta para unos cuantos cientos de independentistas catalanes que quisieron imponer sus condiciones a través de un referéndum ilegal en octubre de 2017 a cambio de dar sus votos a Pedro Sánchez para asegurar su investidura. Esa es la verdadera razón de esta Ley de Amnistía que se ha presentado ya en el Congreso de los diputados y, curiosamente, esa es la única y verdadera razón que no figura en ese larguísimo preámbulo que intenta justificarla en base a la consecución de la convivencia entre catalanes, y bla, bla, bla.

Nos dirigimos pues, cuesta abajo y sin frenos hacia la proclamación de un estado confederal asimétrico en el que (lo acepte públicamente o no así el nuevo gobierno), los españoles seremos ciudadanos de primera o de segunda, en función de que seamos o no catalanes, vascos o navarros. Desde ese mismo momento habremos dejado de ser ciudadanos iguales ante la ley.

Acosada ya desde hace tiempo la Corona, maniatado el Congreso de los Diputados, que no deja de funcionar a golpe de órdenes dictadas directamente desde Moncloa, con un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado cortados por el mismo patrón, el de Pedro Sánchez, la Ley de Amnistía derogará de facto la Constitución del 78. Y no lo decimos nosotros sino el Consejo del Poder Judicial en un reciente y durísimo comunicado. Después han ido sumándose otros estamentos e instituciones con idéntico diagnóstico y nivel de irritación. Más de un centenar de abogados del Estado manifestaban también su preocupación contra la «quiebra del Estado de derecho». Una preocupación que, junto a una posible celebración de un referéndum sobre la autodeterminación de la comunidad autónoma de Cataluña, que chocaría frontalmente con la “indisoluble unidad de la nación española” marcada en la Constitución, y que ha puesto también en alerta a otras instituciones y colegios profesionales de todo tipo, como el Tribunal de Cuentas, inspectores de Hacienda, colegios de economistas y psicólogos, organizaciones empresariales, intelectuales, periodistas, oficiales militares retirados, etc.

Ésta es quizá la última cuerda a la que podemos agarrarnos para intentar que esta embarcación llamada España no se venga a pique cinco siglos después de su botadura. Es la única esperanza que nos queda porque Europa, la cada vez menos Europa, mirará hacia otro lado una vez más. Alea iacta est.