La semana pasada, el nuevo Secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, siguiendo órdenes de arriba, convocó una reunión informativa sobre el reparto de los fondos europeos a España únicamente con medios de comunicación ideológicamente afines y vetando a los más críticos con el gobierno. Con ello el ejecutivo ha conseguido que las asociaciones profesionales del sector no dudasen ni un momento en llevarse las manos a la cabeza.
En efecto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y Reporteros sin Fronteras España (RSF-España), exigieron explicaciones al Gobierno y mostraron su malestar ante estas prácticas que, como mínimo, no respetan la pluralidad informativa. La consecuencia fue un intento de explicación de la iniciativa por parte de Vallès (el Ejecutivo «no veta a nadie», fue una cuestión de «espacio» y «habrá más reuniones»), y, acto seguido, invitó a una nueva reunión a los medios menos afectos, es decir, ABC, la Cope, Onda Cero, El Mundo, La Razón, The Objective', Libertad Digital, y las agencias de noticias Servimedia y Colpisa. Era la demostración manifiesta del error subrayado por las organizaciones profesionales de los periodistas.
En realidad, no es nada nuevo porque, yendo de lo más próximo a lo más lejano en el tiempo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez no ha demostrado sentirse nada cómodo con periodistas críticos delante, siempre dispuestos a formular preguntas que pongan en evidencia las contradicciones de su ejecutivo. Por eso, en la rueda de prensa de Sánchez para hacer un balance de 2021, celebrada a finales de diciembre pasado, solo se le dio la palabra a seis medios de comunicación: La Sexta, la Ser, El País, eldiario.es, y las públicas TVE y Efe. Una solución casi tan cómoda como la de aquellas primeras comparecencias del presidente al principio de la pandemia en donde a sus intervenciones no sucedían nunca ruedas de prensa y los periodistas se limitaban a hacer de comparsa sin mostrar su incomodidad ante la situación.
Se diría que una parte de la coalición de gobierno, la socialista, ve en los medios meros instrumentos de propaganda orientados a difundir las bondades permanentes del ejecutivo en todas las materias que le competen y que ve como verdaderos enemigos de la democracia a todos aquellos que, no solo no le ríen las decisiones, sino que además osan denunciar sus constantes contradicciones, sus cambios de versión, sus decisiones interesadas o sus alianzas con partidos cuyo objetivo prioritario es dividir España.
La otra parte del gobierno, la de Unidas Podemos, mostraba claramente y sin reservas sus preferencias con la prensa cuando, a través del entonces vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias no tenía ningún rubor en aclarar que era claramente partidario de cerrar los medios privados: «los medios son un arma que sirve para disparar y nada más… la existencia de medios privados supone un ataque a la libertad de expresión». No sé si en estas palabras incluía también a aquellos que le dieron cabida en sus programaciones y que tanto contribuyeron a catapultarlo a él y a su formación política, primero hasta el Congreso y luego hasta el mismo Consejo de Ministros.
De una u otra forma, con esta política simplista de calificación o señalamiento de los medios como afines y críticos, y marcando claras y escandalosas diferencias de trato con ellos, el gobierno hace un flaco servicio a la libertad de información y a la libertad de expresión. Si lo que busca en ellos es únicamente un altavoz único para difundir sus bondades y sus excelencias y no permite que los medios actúen ejerciendo su permanente visión analítica y crítica de la acción de gobierno, indudablemente que tiene los resortes políticos y legislativos para poder llevarlo a cabo. Pero, en ese caso, España dejaría de ser ya un estado democrático y de derecho.
En las democracias hace falta una prensa libre que actúe de contrapoder de quienes tienen legítimamente encomendada la acción de gobierno pero que, al tiempo, sus constituciones establecen también, y paralelamente, la existencia de unos medios que velen siempre por sacar a la luz pública si sus actuaciones se salen de la senda de la ley, del bien común y del bienestar de toda la ciudadanía y no de una parte de ella, o del interés de unos pocos.
Si (
No(
