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Blancanieves y el relator

jueves 07 de febrero de 2019, 09:45h

Para poder sentarse a hablar hay que tener claras varias cosas esenciales. La primera es reconocer las limitaciones de los contendientes; la segunda conocer el tablero y sus reglas de juego y la tercera sentarse con la disposición de perder.

El presidente de un gobierno autonómico tiene un poder limitado y subsumido al poder superior de la Constitución y el gobierno de España. Lo de un relator en amarillo pollito es otra pedrada pasivo agresiva de los levantiscos a todo un país que está teniendo con ellos una paciencia franciscana.

El relator, que relata o refiere un hecho dice la RAE, es una añagaza más de los tramposos: aquí no hay nada que relatar y mucho que enderezar. Los independentistas solo tienen que hacer una cosa: aceptar la ley.

-Oiga, es que tienen derecho a ser independentistas.

Nadie dice lo contrario, a lo que no tienen derecho es a más de lo que la ley les autoriza. Mientras no tengamos cláusulas de coherencia constitucional que prohíban o maticen la existencia de partidos que trabajan para hacer estallar la convivencia global y la soberanía nacional, estos ciudadanos podrán seguir opinando, gritando, exigiendo y lloriqueando, pero no chantajeándonos.

¿Quieren “hablar”? Pongámoslo negro sobre blanco. Uno, el estatuto de autonomía es el límite del presidente del gobierno catalán. Dos, el gobierno catalán no tiene ninguna prerrogativa distinta, mayor ni adicional al gobierno de cualquier otra autonomía. Tres, diga lo que diga y haga lo que haga el independentismo, la Constitución española está por encima de todo su ideario y cualquier cambio en el statu quo tiene que pasar unívocamente por el congreso de diputados con los parámetros establecidos por la ley. Para nada de esto hace falta ni el quintacolumnista de Elsa Artadi, la pérfida Blancanieves de este cuento, ni el ujier de lujo que sugiere Carmen Calvo.

¿Quieren hablar? Pues pongamos más negro sobre blanco: Cataluña tiene una deuda acumulada de casi 80.000 millones de euros de los cuales 65.000 nos los debe al resto de España. Antes de hablar de nada, pasen por caja y salden sus deudas. ¿Ya? Pues ahora, negro sobre blanco, hablemos de aspiraciones y de alcance constitucional.

El 63% de la población catalana tiene su origen en Extremadura, Andalucía y Castilla (El sistema catalá de reproducció. Cent anys de singularitat demogràfica, Dra. Anna Cabré). Resulta sorprendente que la Evilísima Trinidad de los independentistas sean, justamente, Castilla, Andalucía y Extremadura, pero ni una palabra de los recursos que desde hace 200 años se les desvían inicuamente.

Para esta gente “El andaluz es un hombre poco hecho que hace cientos de años que pasa hambre y vive en estado de ignorancia y de miseria cultural” (Jordi Pujol); “El nacer en tierras castellanas y ser tonto de necesidad es una misma cosa” (Joaquim Rissec); “esa raza de mongólicos, proveedora de funcionarios castellanos, andaluces, extremeños, murcianos, etc…” (Pompei Gener); “Los niños andaluces no saben leer porque solo esnifan pegamento” (Dolors Bassa); “Los andaluces se pasan el día en el bar y luego cobran el PER” (Durán i Lleida); “los niños en Sevilla, Málaga y Cádiz hablan castellano, pero no se les entiende” (Artur Mas); “Hay una distribución genética en la población catalana que es diferente a la de la población española. Hay diferencias determinadas genéticamente y la inteligencia es una". (Heribert Barrera).

Es un racismo inaceptable. Darles el más pequeño sorbo de oxígeno es un riesgo peligroso e innecesario y si hay que seguir sin presupuestos, pues sea: prorrogar los anteriores es una desviación técnica durísima, pero no una catástrofe y menos para un gobierno en minoría muy minoritaria: ninguno esperamos nada, solo que no hagan (más) el ridículo.

Esta deriva tiene que cesar y tiene que hacerlo ya o nos veremos peor con la llegada legítima de PP y Vox al gobierno central: promoverán una reforma constitucional, sí, pero sensu contrario de lo que muchos creemos y aún se recentralizará el estado. Necesitamos algo más que palabras, hay que empezar a pensar en endurecer la aplicación de la ley hasta que los sediciosos, sin renunciar a sus ideales, reconozcan alto y claro que se someten a la legalidad constitucional vigente. Y entonces y solo entonces, hablaremos. Y sin necesidad de cuentacuentos.

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