Vivienda y corrupción

La media europea de viviendas protegidas por el estado es de 9,3%. En España rondamos el 2,5%, casi cuatro veces menos.

El problema de la vivienda es multifactorial, escasez de vivienda nueva, falta de pisos en alquiler, bajos salarios, auge del alquiler turístico, pero el principal motivo causal es la escasez de vivienda protegida.

Se estima que para el 2030 España necesitará unos dos millones de viviendas nuevas y asequibles para evitar una crisis habitacional. El déficit español acumulado a 2025 es de 700.000 viviendas que se necesitan ya.

El gobierno ha puesto en marcha un plan de vivienda dotado con 7.000 millones, una cifra inusitada, para implementar entre el 26 y el 30. No se dice de cuántas viviendas hablamos, pero una estimación optimista da entre 150 y 200.000 viviendas, insuficiente a todas luces.

El 40% del montante se dedicará a vivienda protegida nueva, el 30% a rehabilitar el parque actual y el otro 30% irá en ayudas. Si todo va bien, es decir si, por ejemplo, se garantiza a perpetuidad la condición de vivienda protegida para evitar la especulación, la actual crisis de vivienda habrá sido frenada, pero estaremos aún lejos de solventarla.

Esos 7.000 millones acabarán mayoritariamente en viviendas, seguro, pero por el camino el Santos Cerdán de turno o el Javier Aureliano García que pille la UCO se llevarán una pingüe comisión o, por arte de birlibirloque, desaparecerán millones en el cedazo de la administración.

La corrupción es el peor enemigo del país y la hay a todos los niveles y en todos los partidos. A veces tiene que ver con la financiación y a veces sólo con la codicia del corrupto, aunque es bueno dejar una parte, miguitas o un buen pedazo, en la sede del partido o, incluso, en el pago de mítines lo que puede servir para que, cuando aparezca la UCO, haya a quien agarrarse.

Hay una extraña aceptación de la condición corrupta del político con presupuestos a su cargo y desde luego son los casos más sonados. Pero la corrupción está en muchos niveles de la cadena. La persona que aprueba el pliego de condiciones sabe qué empresa cumplirá con todos los requisitos. Y antes habrán tenido que hablar funcionarios con técnicos, comerciales, compradores… muchas personas que o han participado o han sido testigos de irregularidades.

Un presupuesto extraordinario de 7.000 millones y mercado de la construcción. ¿Qué puede salir mal? Los sistemas de información y control de la administración suelen ser falibles o bien están llenos de huecos por los que es fácil desasirse de la ley. Y la construcción no es precisamente un sector limpio.

Los políticos profesionales juegan a que se controlan, pero es una ficción. Estoy bastante seguro de que en la mayoría de ayuntamientos de 15.000 o más habitantes hay corruptelas. Y en las diputaciones, con altos presupuestos y bajos estándares de vigilancia, también. Esos 7.000 millones tienen ya un montón de novios codiciosos, en la administración central y en las autonómicas.

Imaginemos que solo un 1% del presupuesto se malgasta. Parece una cifra muy verosímil, un 1% se puede perder por el camino en comisiones y gabelas o simplemente desaparecer entre los pliegos de un sistema anticuado. Pero ese 1% son 70 millones de euros, entre mil y mil quinientas viviendas.

Ahora hemos sabido que Santos Cerdán cobraba el solito el 2% de Acciona. Por supuesto, a Acciona no le va a pasar nada. Caerán un par de ejecutivos medios, si hay mucho escándalo caerá un director de área, pero poco más. La UCO podrá implicar a algunos de los que tenga pruebas, pero difícilmente llegarán a la cúpula y, en cualquier caso, será muy difícil que puedan imputar a la empresa como persona jurídica.

Es más que probable que Santos Cerdán sea acusado y juzgado, probablemente condenado. ¿Pero cuántos eslabones hay por debajo y cuántos son vecinos de Acciona? Santos Cerdán es la punta del iceberg.

Tenemos un funcionariado técnico muy bueno pero faltan medios, muchos medios, y apoyo político. Sin el apoyo decidido del gobierno y el compromiso transversal de acabar con cualquier corrupción en la administración, de esos 7.000 millones vaya ud. a saber cuántos llegan finalmente a su destino.