contrato de basuras de Toledo

Dos peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) se han ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el informe en el que sostienen que el contrato de basuras adjudicado a Sufi, filial de Sacyr, por el Ayuntamiento de Toledo era "nulo de pleno derecho". La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 y la ratificó en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.

El alcalde de Toledo y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, que ha sido citado como testigo por el juez Ruz en la causa que investiga la adjudicación en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, va a acudir en persona a esa citación, porque quiere aportar al juez "toda la información y lo quiere hacer de viva voz, de forma presencial".

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha contestado a la portavoz del PP, Carmen Riolobos, que con la imputación del exalcalde 'popular' de Toledo José Manuel Molina por el contrato de basuras adjudicado a la empresa Sufi lo que investiga el juez Ruz es "el destino de los 200.000 euros" de Luis Bárcenas y "no cómo se tramitó el contrato".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta financiación ilegal del PP, ha citado para el próximo 24 de julio en calidad de imputado a Lamberto García Pineda, extesorero del PP en Castilla-La Mancha, en relación con el contrato para la recogida de basuras en Toledo que según el extesorero Luis Bárcenas se otorgó a cambio de una donación al PP en dicha comunidad.