Conde-Pumpido confirma que ASB "es una sucesión de Batasuna"

La Abogacía del Estado y la Fiscalía coinciden en basar sus respectivas demandas contra Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), para impedir que sea registrado como partido político al ser sucesor y continuador de Batasuna, en cuatro puntos concretos: la utilización de la misma palabra en el nombre, formar parte sus promotores de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada e incluso estar alguno de ellos (Marije Fullaondo) imputado por integración en ETA, así como compartir la estructura organizativa.

En la rueda de prensa en la que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, presentó la demanda de ejecución de sentencia de la Fiscalía, redactada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, y la Secretaría Técnica, afirmó que existen "pruebas manifiestas de que no es una fuerza política nueva que venga a dar un cauce pacífico de participación" a la izquierda abertzale, "sino que sencillamente es la misma fuerza política, a la que se pretende dar un pequeño barniz" para burlar la ilegalización.

En este sentido, la demanda de la Abogacía del Estado, presentada hoy en el Tribunal Supremo por el propio abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, explica que "pretende impedir que se constituya un nuevo partido político con la denominación Abertzale Sozialisten Batasuna", porque "sucede y continúa a los partidos políticos Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok que fueron ilegalizados, disueltos y se encuentran actualmente en liquidación" desde del 27 de marzo de 2003.

Ante ambas demandas, según el fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo inició hoy "los trámites de ejecución de sentencia", por lo que ha dado un plazo de diez días a los promotores del partido para que realicen las alegaciones oportunas, a través de un auto tramitado con urgencia remitido al País Vasco. Después se celebrará una comparecencia y la Sala del 61 se pronunciará sobre la prueba documental aportada. El plazo de presentación de candidaturas comienza el próximo día 18, por lo que la Sala Especial debería pronunciarse antes.

Vinculación de promotores

En su demanda el abogado del Estado, tras recordar que la Sala del 61 ya ilegalizó otras formaciones políticas, aunque se tratara de agrupaciones de electores, porque sucedían o continuaban a Batasuna, insiste en que ASB "tiene una vinculación directa con las formaciones políticas ilegalizadas y disueltas integrantes del complejo Batasuna", según prueba la vinculación "actual, directa e inmediata" de sus promotores con Batasuna.

En este punto, tanto el fiscal como el abogado del Estado destacan que María Jesús Fullaondo es miembro de la Mesa Nacional de Batasuna desde marzo de 2006 y que fue cabeza de lista de la ilegalizada Herritarren Zerrenda. Joana Regueiro Martínez también es miembro de la Mesa Nacional como responsable de política feminista, y formó parte de la candidatura ilegalizada AuB. Tomasa Alejandro Gordaliza también forma parte de la Mesa Nacional y fue asesora de Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián.

Además, ambas demandas de ejecución de sentencia coinciden en considerar un indicio más el que Fullaondo esté imputada por integración en la organización terrorista ETA por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber hablado en nombre de Batasuna en una manifestación celebrada el 30 de septiembre del año pasado en Bilbao.

Utilización del nombre "Batasuna"

El abogado del Estado indica que "el indicio del nombre utilizado para el partido que se pretende constituir demuestra también la vinculación, como así ocurre con los indicios relativos a la identidad del sistema orgánico-funcional y con los relativos a la simbología".

En su opinión, utilizar Batasuna es necesario para "identificarse ante su propio electorado", por lo que la palabra "ha adquirido en la semiología política española de los últimos años un significado preciso, al referirse al conjunto de organizaciones encuadradas en el genérico concepto del complejo Batasuna", algo "suficientemente significativo de la sucesión o continuidad".

La Fiscalía, por su parte, realiza una argumentación similar y recuerda que dos de los tres partidos ilegalizados en la sentencia de marzo de 2003 (Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok) utilizaron la misma palabra que en castellano significa "unidad".

Además, mientras que la Fiscalía destaca la coincidencia organizativa entre Batasuna y ASB, con una Mesa Nacional como órgano máximo directivo, la Abogacía del Estado se centra en la identidad de simbología como "elemento esencial de publicación y de identificación de un partido político".

Incumplimiento en el acto del sábado

En este sentido, el abogado del Estado menciona el acto celebrado el sábado pasado por la izquierda abertzale, en el que "se utilizó la simbología de la organización ASB", a pesar del auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón prohibiéndolo expresamente.

"La identidad de las personas que intervinieron en el acto, su vinculación con Batasuna y el objeto mejor o peor camuflado del mismo, permite subrayar la identidad del logotipo de ASB con la utilizada en dicho acto", afirma la Abogacía del Estado.

Aunque en la demanda de la Fiscalía no se menciona este indicio expresamente, en la rueda de prensa celebrada, se preguntó al fiscal general del Estado sobre si ello hará que la Fiscalía pida al juez Garzón alguna actuación concreta por incumplimiento de su auto. Conde-Pumpido se remitió a la autonomía de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para tomar una decisión al respecto y recordó que el juez está esperando recibir los informes policiales correspondientes.

Estatutos no son suficiente contradictorio

La Abogacía del Estado también explica en su demanda que los estatutos del partido cuya inscripción se solicitó el pasado 27 de marzo no son suficiente contraindicio frente a todas las pruebas anteriores, ya que "no expresan una inequívoca y explícita renuncia o rechazo del terrorismo como medio para la consecución de fines políticos, a diferencia de lo que sucedió" con Aralar.

"Concretamente, de los estatutos de la organización ASB no resulta ningún elemento diferenciador que permita constituir un contraindicio. A esta conclusión se llega tanto si se examinan las declaraciones y proclamas estatutarias aisladamente, como si se consideran conjuntamente con las de otras formaciones ya ilegalizadas", afirma la demanda.

En este sentido, el fiscal general del Estado explicó que ante la fuerza de los indicios que señalan que ASB pretende continuar a Batasuna y, por tanto, incumple la Ley de Partidos, no se había entrado a estudiar si sus estatutos "dejan claro que el nuevo partido excluye cualquier utilización política de la violencia".

En cuanto a otras candidaturas con las que Batasuna pretenda eludir la Ley de Partidos y presentarse a las próximas elecciones, Conde-Pumpido dijo que la Fiscalía "se dedica a aplicar la ley y a hacer Derecho", por lo que estará preparada para responder a otras solicitudes, aunque de momento sólo valora la presentada. En cualquier caso, reiteró que "Batasuna no se podrá presentar a las elecciones en ningún caso".