Firmado el acuerdo de Concertación Social

Sienta las bases y objetivos generales en torno a nueve ejes de actuación, que deberán después ser desarrollados en las mesas sectoriales, asumiendo así las partes un "compromiso por mantener un pulso de trabajo continuo".

Según explicó la vicepresidenta cántabra y consejera de Empleo y Bienestar Social, Lola Gorostiaga, se trata de un "buen acuerdo, con métodos y ritmos" distintos del anterior, porque "había que cambiar el paso para pensar en el futuro".

A diferencia del acuerdo de la pasada legislatura, éste no incluye un compromiso cerrado de financiación, ya que se definirá en las mesas sectoriales junto a los objetivos específicos. En opinión de Gorostiaga, la Concertación "no es tanto cuánto se destina, sino con qué compromiso y hacia qué sectores". Lo importante es "acertar hacia dónde dirigimos los esfuerzos", apostilló.

La consejera afirmó que el acuerdo de Concertación se propone "impulsar una estrategia de desarrollo" basada en la estabilidad presupuestaria y el gasto eficiente, con la intención de mejorar el capital físico, humano y tecnológico de la región para que Cantabria aumente así su productividad y sea más competitiva.

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Miguel Mirones, consideró que se trata de un acuerdo "muy equilibrado" con propuestas importantes para el desarrollo económico e industrial. Destacó la apuesta por la investigación y el desarrollo, así como por el desarrollo de sectores emergentes y nuevos sectores para compensar las "posibles caídas" de otros sectores en su aportación al PIB. Respecto al nuevo sistema de trabajo, confió en que "dará frutos en el corto plazo", concretando propuestas y calendarios.

Por su parte, el secretario general de CC.OO., Javier Puente, aseguró que es un acuerdo "equilibrado" y "renovado" en el que se pretende "que el pulso de la negociación sea continuo". Asimismo, destacó que Cantabria tiene todavía "muchas posibilidades de desarrollo" y consideró alcanzable el objetivo de colocar la región a la cabeza de España en desarrollo económico y social.

De su lado, la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, señaló que el acuerdo pretende conseguir "una comunidad autónoma capaz de avanzar en la manera de trabajar y de vivir, para que así se pueda mantener y competir en el futuro con cualquier otra comunidad del país". Al mismo tiempo, incidió en la importancia de que el acuerdo sea "asumido" por el Consejo de Gobierno "en su totalidad" para poder llevarlo adelante de la manera "más eficaz y completa".

Los nueve ejes en torno a los cuales se estructura el documento son los de empleo, formación, seguridad y salud en el trabajo; políticas industriales y de servicios; infraestructuras; medio ambiente; actuaciones sectoriales y comarcales; vivienda; políticas sociales; igualdad de oportunidades; y participación institucional.

'Empleo, formación y seguridad'

El de mayor peso, por el número de compromisos y objetivos recogidos, es el de empleo, formación, seguridad y salud. Entre otras cosas, se subraya la prioridad de aprobar el Plan de Empleo para Cantabria y se apuesta, a su vez, por la modernización del Servicio Cántabro de Empleo y por la reordenación de las políticas activas de empleo.

Asimismo, el acuerdo establece como objetivo la adaptación del sistema de formación profesional a las necesidades sociales, económicas y productivas de Cantabria, con medidas como el desarrollo del Plan de Cualificaciones, la revisión de la oferta formativa y la potenciación del Observatorio de Formación y Empleo. También se propone solicitar la asignación de un Centro Nacional de Referencia y desarrollar una red de centros integrados de FP.

Junto a todo ello, se aboga por la creación de un Consejo de Relaciones Laborales de Cantabria, por la puesta en marcha de una Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo y por conseguir que el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud Laboral sea una realidad, "en el más corto espacio de tiempo posible".

'Otros ejes'

También es significativo por el número de compromisos señalados el eje dedicado a las Políticas Sociales, en el que se fijan objetivos como la elaboración del Mapa de Servicios Sociales, del Plan Estratégico de Servicios Sociales y un Plan para el desarrollo de la Ley de Dependencia, junto con propuestas más concretas como la potenciación de los servicios de proximidad, la extensión de la red de centro de atención a personas en situación de dependencia o la apertura de los centros de día en sábados y festivos.

Por lo que respecta al eje de políticas industriales y servicios, se marca como "objetivo básico" la renovación del tejido empresarial industrial, dando "especial atención y relevancia" a las nuevas tecnologías, el I+D+i y al desarrollo de la implantación de las energías renovables, con especial énfasis en la energía eólica.

En materia de infraestructuras, por su parte, Gobierno y agentes sociales subrayan la necesidad de contar con las infraestructuras básicas que permitan el desarrollo de las políticas sectoriales previstas y señalan como líneas de reflexión el puerto, el aeropuerto, la Autovía del Cantábrico, el AVE con la Meseta y con la frontera francesa, la unificación de las estaciones en Santander, la extensión de la sociedad de la información y el desarrollo de la política de suelo industrial y el Plan Energético.

De su lado, en el apartado de actuaciones sectoriales y comarcales se incluyen objetivos como el desarrollo del Plan Forestal, de estrategias de aprovechamiento de los recursos marinos y del turismo internacional, unido a la culminación del Plan Campoo Los Valles y la determinación de otras zonas de actuación, como el eje entre Corrales de Buelna y Reinosa, o Liébana.

En cuanto al eje de medio ambiente, apuesta por la elaboración de las estrategias cántabras de sostenibilidad y de cambio climático, y por una "correcta" gestión de los residuos; y en vivienda se prevé la constitución de una mesa para el desarrollo y seguimiento del pacto por la vivienda.

Finalmente, en el área de igualdad de oportunidades, se plantea, entre otras medidas, la incorporación de la Dirección General de la Mujer a la Mesa General de Concertación Social; y en el de participación institucional se recoge el compromiso de elaborar una Ley de Participación.