El presidente del Comité de Policía y Ministerio Público de la Cámara de Diputados, René Martínez, dijo que la determinación fue asumida en el marco de la Ley 2326 de Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República.
La decisión de los legisladores fue asumida en la 106ava sesión ordinaria del pleno de la Cámara Baja, por lo que a partir de este martes en la noche la mencionada autoridad de la Corte Suprema de Justicia queda suspendida de sus funciones hasta que el Tribunal de Sentencia se pronuncie.
La sesión se caracterizó por un arduo debate de más de seis horas entre congresistas del oficialismo y de la oposición, quienes acusaron al Movimiento Al Socialismo (MAS) de pretender descabezar al Poder Judicial.
Sin embargo, los diputados de la mayoría afirmaron que el informe presentado por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja demuestra que la ministra Rosario Canedo se parcializó en un juicio de responsabilidades contra el ex prefecto paceño Luís Alberto "Chito" Valle.
De su parte, la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo Iturri, explicó en detalle todos los antecedentes que obligaron al Poder Ejecutivo a iniciar el juicio de responsabilidades contra la acusada Canedo.
La Viceministra explicó que el delito de prevaricato, está previsto y sancionado por el artículo 173 del Código Penal, porque supone que el juez en el ejercicio de sus funciones, dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley que está sancionado con dos a cuatro años de reclusión.
De acuerdo a los antecedentes, el proceso se inició a raíz del juicio de responsabilidades contra el ex prefecto de La Paz, Alberto Valle Ureña, por la comisión de más de una decena de delitos y el imputado interpuso las excepciones de falta de acción, cosa juzgada y prescripción de la acción penal.
Estas excepciones fueron resueltas por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Canedo, mediante un Auto Supremo del 14 de noviembre de 2006, que declaró probada en parte la excepción de prescripción, pero que rechazó las demás excepciones.
Ese día se realizó una audiencia de medidas cautelares solicitada por el Ministerio Público para la imposición de estas, de carácter personal y real, contra Valle Ureña y en la que se introdujeron varios medios probatorios de carácter documental y varias certificaciones para fundamentar el riesgo de fuga.
El Auto de Medidas Cautelares establecía que existiría peligro de obstaculización debido a que Valle influiría negativamente sobre testigos, peritos y partícipes; sin embargo, contradictoriamente, se señaló más adelante que no se había acreditado peligro de fuga ni de obstaculización.
Por esta razón se dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, establecidas en el artículo 240 inciso 2, 3 y 6 del Código de Procedimiento Penal, sin considerar o valorar las pruebas presentadas para la detención del imputado.
Según el informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la audiencia de medidas cautelares y subsecuentes audiencias con relación a las medidas sustitutivas han sido conducidas bajo influjo, la influencia, de la ministra Canedo, quién tuvo pleno dominio e imposición sobre los actos de la audiencia y la decisión emitida en el Auto de Medidas Cautelares.
Por lo que concluyó que existen contundentes elementos probatorios para demostrar que la acusada ha cometido en el ejercicio de sus funciones el delito de prevaricato contemplado en el Código Penal al dictar el Auto Supremo de Medidas Cautelares emitido el 14 de noviembre de 2006, acusación que fue avalada este martes por la Cámara de Diputados.
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