Por la mañana, en un desayuno informativo, Cándido Conde-Pumpido denunció que se tiene que apoyar únicamente en la Guardia Civil porque la Policía no atiende habitualmente a las peticiones de su Departamento en relación a las listas que periódicamente pretende presentar a las urnas el entorno de ETA. Y, claro, se armó la gorda: las reacciones políticas, sociales y policiales llovieron sobre la Fiscalía General y, finalmente, el fiscal general mantuvo una conversación con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de la que, "afortunadamente", "el problema ya está resuelto" y "no se va a volver a plantear más en ninguna ocasión".
Así, por la tarde, calmadas algo las aguas, Conde-Pumpido se retractó –o casi- de lo que dijo por la mañana: "En ocasiones anteriores había habido algún problema procedimental, puntual, con la Policía", dijo, matizando seguidamente que este Cuerpo "funciona magníficamente y colabora con la Fiscalía en el conjunto de las actuaciones y de una manera además espléndida trabaja en contra del terrorismo".
Y aún añadió el fiscal general que “no hay mal que por bien no venga, y en este caso, el que el problema haya surgido al hilo de un desayuno informativo ha permitido que la pequeña descoordinación existente ya no se vaya a producir más", para agregar que la Policía y la Guardia Civil van a seguir trabajando "como siempre lo han hecho, con gran eficacia y con gran coordinación".
En fin, que ahora, después de la gran bronca política que originó con sus declaraciones, el fiscal general achaca la descoordinación a "la confusión" existente entre dos ámbito competenciales diferenciados y que ejercen por una parte del Tribunal Supremo y por otra la Audiencia Nacional: "La Ley de Partidos atribuye la competencia al Tribunal Supremo para la ilegalización e impugnación de candidaturas, lo que es absolutamente independiente de cualquier proceso o diligencia de investigación de la Audiencia Nacional".
Y en este plano aclaratorio, Conde-Pumpido aclara que en el caso de que la Policía considere que existen datos sobre la intención de Acción Nacionalista Vasca de intervenir en las elecciones europeas, "los proporcionará directamente" a la Fiscalía del alto tribunal, una vez aclarado "el problema".
Velázquez, también conciliador
Por su parte, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha utilizado un tono conciliador con Conde-Pumpido poco antes de participar en una Conferencia sobre Terrorismo y Seguridad Cibernética organizado por el Consejo de Europa en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial. Según Velázquez, que ha dado por zanjada la polémica, la Policía ha sufrido "un pequeño problema procedimental con las relaciones de la Fiscalía sobre el envío de determinados documentos".
Especificó Velázquez, en este sentido, que el problema "se ha arreglado ya y se va a arreglar en el futuro" y defendió que "lo importante es que los informes" policiales llegaron a tiempo para presentar la demanda e iniciar el proceso de ilegalización contra las formaciones herederas de la ilegalizada Batasuna. "No hay ningún problema", agregó.
Sin embargo, el PP ha solicitado ya el cese del Comisario General de Policía Judicial y ha pedido la comparecencia urgente de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso para que explique estas divergencias.
Antiterrorismo lo achaca a la “guerra” entre jueces y fiscales
Pero, a pesar de todo, la polémica continúa: distintos mandos de la Policía dedicados a la lucha antiterrorista ven en las declaraciones de Conde-Pumpido un episodio más de la "guerra" entre la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Nacional por controlar la instrucción de los casos, asignada por Ley a éstos últimos.
Ante la posibilidad de que Batasuna intente concurrir a los comicios europeos, Conde-Pumpido había dicho que había pedido a la Guardia Civil, en exclusiva, información al respecto: "Digo la Guardia Civil porque es la que nos ha permitido realmente impugnar ANV y al PCTV", añadiendo que “hago esta distinción porque cuando presentamos la ilegalización de ANV y el PCTV y cuando hemos presentado la impugnación de Askatasuna y D3M tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil porque la Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor".
Para explicar la indignación policial, fuentes antiterroristas ponen como ejemplo las pruebas conseguidas en la operación iniciada en la localidad guipuzcoana de Segura el 4 de octubre de 2008 para la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y ANV. Una operación que se realizó como consecuencia de las investigaciones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía, que puso en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la reunión que mantenían aquella noche la cúpula de la ilegalizada Batasuna y los individuos que iban a formar parte de su relevo. Las investigaciones posteriores permitieron determinar los nexos jerárquicos y, sobre todo económicos, entre los dirigentes de Batasuna y el PCTV, legal en aquel entonces y con representación en el Parlamento vasco.
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