La 'ley Sinde' se dará un 'batacazo': no consigue suficientes apoyos en comisión parlamentaria

El PSOE contaba con lograr convencer a PNV y CiU, pero no ha sido así. Poco antes de la hora prevista de votación, el grupo parlamentario de CiU ha comunicado su predisposición a votar este martes en el Congreso en contra de la disposición adicional segunda de la ley de Economía Sostenible que permite cerrar páginas web por vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Sin los nacionalistas catalanes, y habida cuenta del rechazo del PP, PNV y ERC-IU-ICV, la llamada 'Ley Sinde' podría ser rechazada por la Comisión de Economía del Congreso.

'Otra ley de propiedad intelectual'

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha criticado este martes que el Gobierno central se haya limitado a "hacer un parcheo" mediante la colocación de "un apéndice" en la Ley de Economía sostenible, en vez de abordar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

En una entrevista a ETB, Urkullu ha explicado que la oposición de los 'jeltzales' a la 'Ley Sinde' se debe a que su partido ha planteado, desde hace un año, la necesidad de "otra ley de propiedad intelectual", porque "es a fin y a la postre lo que subyace en este proyecto de Ley".

En este sentido, ha dicho no entender que "una reforma de la Ley Intelectual, y no su revisión global, tenga que hacerse de esta manera, como una diposición adicional en la Ley de Economía sostenible".

"Venimos un año planteando la necesidad de una revisión de la Ley de Propiedad intelectual, que data ya de hace diez años, y no estamos de acuerdo con que se plantee a modo de parcheo o apéndice dentro de la Ley de Economía Sostenible", ha explicado.

El PNV, socio presupuestario del Gobierno se manifestó dispuesto a 'tumbar' la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, que regula las acciones contra los descargas ilegales, si no logra un acuerdo con el PSOE, cuando ese artículo y el resto de la Ley de Economía Sostenible se vote en la Comisión de Economía del Congreso. Según recoge el proyecto de ley, una comisión del Ministerio de Cultura podrá bloquear una página web si entiende que vulnera la propiedad intelectual o es susceptible de causar daño patrimonial a los autores. Eso sí, la ejecución de dicho acto requerirá de autorización judicial.

Esa disposición, conocida como Ley Sinde, generó críticas en todos los partidos e incluso el PP anunció solemnemente su intención de llevar al tema ante el Tribunal Constitucional.

Con el paso del tiempo, la polémica se fue apaciguando y, cuando llegó el turno de presentar enmiendas, el pasado septiembre, la mayoría de grupos cuestionó la constitucionalidad de la medida, si bien reconocían la defensa de los derechos de autor.