El Gobierno actúa rápido ante la estrategia del PP: disipará cualquier duda sobre los batasunos

    En esa reunión, Rubalcaba no dio a conocer al Partido Popular el texto que ha elaborado el Ejecutivo pero le aseguró que responde a los objetivos demandados por el PP hace meses. El primer partido de la oposición esperará a conocer el contenido del proyecto para pronunciarse, indicaron las mismas fuentes 'populares'.

   En concreto, el ministro explicó al diputado del PP que la propuesta del Ejecutivo trata de responder a la necesidad de impedir "por todas las vías legales y del Estado de Derecho" que ETA y su entorno concurran a los comicios.

   El primer partido de la oposición, que reiteró su empeño de emprender las reformas que impidan la presencia de ETA en las instituciones democráticas, esperará a conocer el contenido del proyecto para pronunciarse.

   Eso sí, Trillo insistió en que todas las reformas legales que aumenten las garantías para conseguir ese objetivo son buenas para la democracia porque, según el PP, lo importante es que el terrorismo "no tenga voz ni representación" en las instituciones democráticas.

Ampliar el plazo para impugnar listas

El Gobierno está preparando una modificación de la Ley Electoral General con el fin de dificultar que Batasuna se cuele en las instituciones y si lo hace, tener mecanismos --ligados a unos supuestos-- para que sus electos no sigan en los escaños, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

   La reforma es el resultado del trabajo que ha pilotado el Ministerio del Interior y que ha venido realizando durante los últimos meses junto con el de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, Administraciones Públicas y el Ministerio Fiscal.

   Lo que se pretende con esta propuesta es cubrir los huecos legales que se han visto durante estos años en la aplicación de la Ley de Partidos Políticos de 2002, y que ha servido para llevar a cabo un total de nueve ilegalizaciones. Una tarea, además, que ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

   Las propuestas de modificación son varias, pero pilotan sobre dos ejes. Por un lado, se plantea la posibilidad de ampliar el plazo para llevar a cabo las impugnaciones de candidaturas. En la actualidad ese plazo comienza a correr en el momento en el que se proclaman oficialmente las candidaturas y concluye el día que se inicia la campaña electoral. Pero el ejemplo reciente de las elecciones europeas ha demostrado que no es suficiente.

  El segundo pilar en el que se basa esta reforma es la necesidad de establecer un mecanismo para que los cargos electos de un partido que haya resultado ilegalizado puedan perder sus escaños. Esto no ocurre en la actualidad y son conocidos los casos de los electos del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), que siguieron en el parlamento vasco después de su ilegalización y de los concejales de Acción Nacionalista Vasca (ANV), que se mantienen en los ayuntamientos vascos y navarros, donde además gobiernan un total de 43 municipios.

Lo adelantó Gaspar Zarrías

Justo antes de esta cita el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, salía a desmentir las declaraciones del popular Jaime Mayor Oreja, que acusó al Ejecutivo de pretender una nueva negociación con ETA y avanzaba estos cambios legislativos.

En definitiva, Zarrías ha dicho -en una entrevista en Europa Press- que "la decisión del Gobierno está tomada, las instrucciones del presidente del Gobierno al resto de miembros del gabinete son claras y contundentes para evitar que se produzca la entrada de ningún partido y ningún candidato". Unas instrucciones que incluyen también estudiar "mecanismos para que en el caso de que alguno se pueda colar, y se compruebe posteriormente, se pueda actuar sobre él".

Nueva Ley de Gobierno Local

Sobre el proyecto de nueva ley del Gobierno local, que tramita directamente su Departamento y que está "prácticamente concluido", afirmó que los socialistas están "dispuestos a estudiar" la idea del PP de que las Cortes Generales o los tribunales, y no sólo el Consejo de Ministros, puedan disolver Ayuntamientos. El apoyo al terrorismo es una de las causas de disolución de las corporaciones locales, según el artículo 61 de la Ley de Bases actual.

Tras la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), el Gobierno anunció ya a finales de 2008 que reformaría la ley para impedir que puedan gobernar en los ayuntamientos los miembros de un partido ilegalizado, en lugar de optar por la vía de disolver los consistorios afectados, como quería el PP.

Zarrías confirmó que el Ejecutivo sigue trabajando en esa línea y añadió que "previsiblemente concluirán los trabajos en las próximas semanas". Además, puntualizó que también se está estudiando la propuesta del PP de que se pueda retirar el acta al concejal cuyo apoyo a ETA se compruebe después de las elecciones.

Problemas constitucionales

No obstante, Zarrías reconoció que algunos mecanismos podrían chocar con el artículo 23 de la Constitución española, que establece que todos los ciudadanos deben poder acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, aunque matiza que "con los requisitos que señalen las leyes".

"Efectivamente, por eso es un tema delicado pero que está siendo objeto de estudio. Queremos evitar, con la ley en la mano, que los violentos y aquellos que amparan la violencia ocupen puestos públicos en ningún lugar democrático, un ayuntamiento, una diputación, un Parlamento autonómico o las Cortes", remachó Zarrías.